sábado, 15 de septiembre de 2007
Acerca de la reforma de la Constitución de Entre Ríos.
El Gobierno provincial y el partido oficialista impulsan la reforma de la Constitución de Entre Ríos. La cuestión ha actualizado su estado público y se escuchan opiniones sobre el tema, provenientes de miembros de fuerzas políticas y organizaciones sociales, así como de profesionales del derecho.
¿Qué se quiere reformar? O mejor planteado: ¿qué debería reformarse?
Antes de avanzar bueno es repasar que la Constitución como norma fundamental tutela los Derechos y Garantías de los habitantes, la forma del Estado y la estructura y competencias de los poderes. La naturaleza de nuestra organización federal determina la primacía de la constitución Nacional en todo el territorio argentino, a la que deben adecuarse las constituciones provinciales y toda norma, o acto emanado de autoridad nacional, provincial o municipal.
¿Qué se quiere reformar? O mejor planteado: ¿qué debería reformarse?
Antes de avanzar bueno es repasar que la Constitución como norma fundamental tutela los Derechos y Garantías de los habitantes, la forma del Estado y la estructura y competencias de los poderes. La naturaleza de nuestra organización federal determina la primacía de la constitución Nacional en todo el territorio argentino, a la que deben adecuarse las constituciones provinciales y toda norma, o acto emanado de autoridad nacional, provincial o municipal.
En 1994 fue reformada la Constitución Nacional con la declarada intención de adecuarla a los tiempos.
En lo medular, significó un avance institucional la incorporación a los derechos y garantías reconocidos en el texto de 1853 la defensa del orden constitucional y los derechos políticos, a un medio ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios.
Nuestra Constitución Provincial fue avanzada en su tiempo. Aún hoy, cláusulas como las de la Sección II Régimen Económico y del trabajo, con cláusulas protectorias del trabajador y que definen una activa participación del Estado alentando nuestra economía son de renovada actualidad
Escapa al cometido de estas líneas formular un comentario de la actual norma fundamental entrerriana. Sí interesa destacar, por lo que a continuación se expresa, que en Entre Ríos rigen de manera inexcusable, tanto las disposiciones de la Constitución Nacional como las de nuestra Constitución provincial.
Ello significa que los derechos y garantías de los entrerrianos encuentran sustento en ambos órdenes normativos. Lo que no está explícitamente establecido en nuestra Constitución, lo está en la Nacional, en especial lo relativo a los nuevos derechos establecidos por la reforma de 1994.
Lo antedicho habilita para dejar de lado algunas opiniones que se han manifestado estos días y que sostienen que debemos “modernizar” nuestra Constitución y “adecuarla” a la Constitución Nacional, en especial con relación a los nuevos derechos y garantías. Nada obsta a la vigencia de nuestros derechos, en especial de los nuevos derechos ambientales y del consumidor (por ejemplo el interés público en la preservación del balneario “Los Arenales”, o del nuevo parque de Paraná) si algo no está contemplado en nuestra Constitución entrerriana. Sólo basta acudir a las normas de la Constitución Nacional, que obviamente rigen en nuestro suelo, para invocar su protección.
Desde ya que en el marco de una reforma de la Constitución Provincial sería prolijo coordinar sus contenidos normativos en materia de derechos y garantías con los de la Constitución Nacional, pero ello no pasaría de ser un ejercicio de prolijidad, aprovechable y justificable en tales circunstancias. Más no es motivo suficiente para la reforma.
Es de destacar que mas allá del reconocimiento de derechos y garantías a los habitantes, la Constitución regula las relaciones del poder institucionalizado (facultades y competencias de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de órganos y funcionarios de la Constitución, entre otros el Tribunal de Cuentas, Consejo General de Educación, Fiscalía de Estado y de los Municipios.).
En este aspecto, toda constitución resuelve la cuestión del ejercicio del poder público. Conforme a la tradición republicana, se incorporan mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, la llamada “independencia” de los tres poderes, que en puridad no existe cabalmente, aunque suma a la convivencia democrática que las normas constitucionales la preserven en la mayor medida posible.
La experiencia histórica demuestra que el avance de las sociedades hacia mayor equidad y justicia va de la mano con el ejercicio de los derechos y la desconcentración del poder del Estado, a mayor participación y control sobre las decisiones políticas y la actuación de una Justicia independiente.
La reforma constitucional, para resultar trascendente, debería definir canales institucionales que faciliten esos objetivos.
¿Que merece ser reformado a la luz de la experiencia histórica de estos últimos 30 años?
En este sentido nos permitimos señalar algunas materias sin pretender agotar el tema, pero que resultaría auspicioso sean tratadas por la futura convención constituyente.
Límites constitucionales a la discrecionalidad en el manejo de partidas presupuestarias.
La autorización que de rigor se formula en la Ley de Presupuesto habilita al Poder Ejecutivo para efectuar “transferencias compensatorias” entre partidas. Esas economías, denominadas “presupuesto no ejecutado” se trasladan a otras cuentas. Así sucede con las englobadas en la partida denominada “Transferencias”, que habilita el pago de subsidios, viáticos y publicidad. Las economías en la ejecución presupuestaria de partidas importantes para la comunidad como las de obra pública, son aplicadas a esa cuenta, lo que abre la puerta al derroche, al clientelismo político y a beneficios de amigos del poder.
La reforma tendría que imponer un tope porcentual a las “transferencias compensatorias” entre partidas presupuestarias, de manera de no alterar sustancialmente el monto de cada una previsto por la H. Legislatura. Debiera ceñirse más al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la Ley de Presupuesto, acotándose su margen de discrecionalidad en la ejecución presupuestaria.
A los mismos fines la norma constitucional tendría que señalar la obligación del Poder Ejecutivo de dar cuenta a la H. Legislatura del Presupuesto Ejecutado con una periodicidad de –tal vez- dos meses. Ello para facilitar a los representantes del pueblo y de los Departamentos de Entre Ríos la apreciación de alguna desviación significativa sobre las metas presupuestarias y obrar en consecuencia. De nada vale que casi al terminar el año fiscal, como es costumbre, los legisladores se enteren de que sus previsiones no fueron cumplidas.
Ampliación de las facultades del Tribunal de Cuentas.
En el camino señalado de sumar al control y desconcentración del poder del Estado, la reforma debería dotar de autarquía financiera al Tribunal de Cuentas. La experiencia indica que el organismo tiene que contar con los fondos necesarios para cumplir con la misión que le incumbe de un modo completo. La necesaria independencia de los poderes y autoridades controlados por el Tribunal de Cuentas indica la necesidad de que éste mantenga una autonomía en la decisión sobre sus propios gastos.
Además, sería apropiado cristalizar en la Constitución no sólo la facultad de análisis de la legalidad de las conductas administrativas en relación al dinero público, sino también las atinentes al juicio administrativo de responsabilidad, que deben serle restituidas, porque este procedimiento permite el aporte de toda la experiencia de un organismo idóneo en una materia compleja como lo son las cuentas públicas y los actos administrativos a ellas vinculados.
Mediante su actuación en el juicio de responsabilidad administrativa el Tribunal de Cuentas puede aportar pruebas que facilitarán la labor ulterior de la Justicia. No olvidemos que una de las trabas que facilitan la impunidad es, a veces, la dificultad que se presenta en la obtención de pruebas en causas de suma complejidad.
Resulta importante que la Constitución recepte los aspectos mencionados, pues la cláusula constitucional pondría a salvo al Tribunal de Cuentas de la eventual decisión de mayorías legislativas accidentales que, como ocurriera con la sanción de la ley N° 8738, pudiera recortar sus facultades, en detrimento del control y transparencia de los actos públicos.
Autorización de Gastos Reservados.
Debe quedar vedada en la Constitución la facultar del Poder Ejecutivo de emitir Decretos que autoricen Gastos Reservados por fuera de su fin específico. Este instituto ha sido desvirtuado en la práctica del ejercicio del poder, pues sólo cabe para atender requerimientos en materia de seguridad, de la cual dependan tareas de inteligencia. No debe aceptarse que el Gobernador pueda autorizar gastos reservados que excedan su finalidad.
Oficina Anticorrupción.
Como sucede con el Tribunal de Cuentas, muchas veces los actos de corrupción administrativa requieren de investigaciones complejas. Por ello la necesidad de contar con un organismo especializado e independiente del poder administrador que tenga la aptitud para producir pruebas que hagan posible la acción de la Justicia, en orden al esclarecimiento de los hechos y condena de los culpables.
La reforma debería definir esta cuestión y poner fin a la aberración legal que hace depender a la actual Oficina Anticorrupción del Fiscal de Estado.
Es de práctica que el Fiscal de Estado cambie con cada nuevo gobierno, por lo que ha pasado a constituirse en un funcionario de confianza del Poder Ejecutivo de turno, que cumple con sus instrucciones u “órdenes”.
Prueba elocuente es el Decreto n° 7560 GOB que en su artículo 1° dispone: “Ordénase a la Señora fiscal de Estado de la Provincia desistir del proceso judicial… (se trata del proceso donde se ventila la demanda de nulidad y reivindicación de la Provincia sobre el balneario público “Los Arenales”).
Se trata de una consuetudinaria tergiversación de la norma del artículo 139 de la Constitución que consagra la inamovilidad del Fiscal de Estado en sus funciones mientras dure su buena conducta y lo faculta para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, de las que puede recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia cuando las considere contrarias al interés provincial.
Por lo expuesto mal puede depender la Oficina Anticorrupción del Fiscal de Estado, funcionario de confianza del P.E., frente a eventuales procedimientos de investigación por presuntos actos irregulares o de corrupción que pudieran ser cometidos en la administración pública, de la cual el P.E. es suprema autoridad.
Resulta imprescindible la creación constitucional de una Oficina Anticorrupción como órgano de la Constitución independiente de los poderes del Estado, especializado en la investigación de hechos de corrupción o de irregularidades administrativas cometidas por agentes y funcionarios de la administración pública provincial y de entes descentralizados.
El Auto de procesamiento como causa temporaria de pérdida de idoneidad para el desempeño de cargo público.
So pretexto de mantener la incolumnidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara a toda persona frente a la imputación de presunta comisión de un delito, se han mezclado las aguas en perjuicio de la moral republicana.
Según el criterio lamentablemente hoy vigente, el funcionario procesado por un delito que se le atribuye puede seguir rampantemente en su puesto. Se invoca erróneamente en su auxilio al Pacto de San José de Costa Rica, verdadero avance de la conciencia jurídica de los pueblos, incorporado a nuestro orden constitucional por la reforma de 1994.
Pero no se trata de considerar culpable a quién no ha sido declarado tal por la Justicia. La cuestión es otra. Sucede que la confianza en el funcionario sometido a proceso queda transitoriamente afectada. Ello implica una pérdida temporaria de la condición de idoneidad para el desempeño de la función o cargo.
Un ejemplo sencillo del ámbito civil resulta ilustrativo: ¿cómo podrían sentirse los habitantes de un edificio de departamentos si el portero es procesado bajo acusación de haber participado en delito violento contra la integridad física de alguna persona, o en robo o hurto, y pese a ello continúa realizando sus tareas?. Provisionalmente, el acusado ha dejado de ser idóneo para la portería, que requiere de la confianza de los moradores el edificio. En salvaguarda de la seguridad y propiedad de los habitantes resulta de sentido común que dicho portero sea momentáneamente suspendido en su trabajo, hasta que judicialmente se aclare la situación.
Tal lo que acontece con el funcionario o agente bajo proceso. No se descarta su inocencia, pero, momentáneamente, deja de poseer el requisito básico de la idoneidad para el desempeño del cargo, que recuperará cuando sea judicialmente dictado su sobreseimiento o falta de mérito respecto del delito que se le atribuye. No sólo la seguridad de los administrados o compañeros de trabajo está en juego, sino también el valor de la legitimidad de la función pública y de las instituciones.
La reforma debería definir la cuestión mediante una disposición constitucional que establezca al auto de procesamiento como causal de pérdida temporaria de idoneidad para el desempeño de la tarea o función pública.
Jerarquía constitucional para la carrera administrativa.
Un Estado paquidérmico, plagado de clientelismo, de contratos basura, de falta de controles y por todo ello ineficiente, sirve a los fines de un ejercicio abusivo del poder, pero no cabalmente al interés de la comunidad.
Creemos en el rol activo que debe cumplir el Estado como impulsor de la economía y en la distribución equitativa de los ingresos, en el afianzamiento de la Justicia, en la defensa de los derechos del trabajo, en la preservación del medio ambiente y de los consumidores, así como mejor proveer a la Seguridad y la Asistencia Social.
Para esos fines resulta imprescindible el aporte de los trabajadores del Estado, que deben ser jerarquizados mediante un régimen de cursos y de ascensos por mérito determinantes de una carrera administrativa y de ingreso a la administración pública que no dependa del gobernante de turno.
En este sentido es ponderable la reciente sanción de una ley que estructura el régimen de los trabajadores del Estado, pero para dar firme basamento al camino de la reforma del Estado con el objetivo de mejorar sus prestaciones en beneficio de la comunidad, sería apropiado la definición constitucional de principios básicos rectores de la carrera administrativa.
Consejo de la Magistratura.
Debe terminar la posibilidad legal de designación de jueces que a veces son amigos del poder, como sucede con el actual sistema del artículo 63 inciso 2° de la Constitución, tal vez apropiado a la realidad de otra época, cuando no había calado hondo la crisis de valores que nos aqueja.
En su lugar tendría que dotarse de raigambre constitucional a un Consejo de la Magistratura cuya composición, en forma mayoritaria, sea integrada con representantes de entidades e instituciones de la sociedad civil, con especial referencia a la abogacía organizada. Ello alejaría en buena medida la influencia del poder en las designaciones de jueces y magistrados, lo que coadyuvaría al desenvolvimiento de una Justicia independiente.
Juicio Político. Jurado de Enjuiciamiento.
El Juicio político, tal como está regulado en la Constitución es inviable
El procedimiento previsto en la Constitución para la remoción de los funcionarios y magistrados que menciona el art. 97 de la Constitución (Gobernador, Vicegobernador, los Ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal de Justicia) debe ser reformulado para hacer efectivo el control político de la H. Legislatura sobre su desempeño.
En los hechos, la redacción del artículo 103 eleva a 21 (sobre un total de 28) el número mínimo de Diputados dispuestos a avanzar con el juicio político, es decir tres cuartos del total de integrantes de la Cámara.
Si bien la norma exige una mayoría de dos tercios (19) para admitir la acusación, al requerir quórum de tres cuartos de sus miembros (21 sobre 28) para habilitar la sesión, determina que si no existe el concierto de 21 voluntades para avanzar con el juicio político, nada puede hacerse.
Ello parece excesivo. Nótese que a la vez que la Constitución requiere de la Cámara de Diputados dicho quórum de tres cuartos de sus miembros (21) para resolver sobre la acusación, sólo exige para al Senado (artículo 109) que detenta la trascendente atribución de ser el Tribunal que decidirá la suerte del funcionario sometido a juicio, quórum de dos tercios de sus miembros y simple mayoría de votos para dictar sentencia.
La reforma debería modificar la disposición del artículo 103 de manera de habilitar el procedimiento de juicio político cuando existan al menos dos tercios de los respectivos legisladores de ambas Cámaras dispuestos a llevarlo adelante y que así se exprese en las respectivas votaciones.
Tal concierto de voluntades tendría suficiente entidad para dar fundamento al ejercicio de la H. Legislatura del control político que la Constitución le atribuye sobre los funcionarios de los otros poderes del Estado sujetos a juicio político.
A esta estura ha tomado estado público que se incluiría en el “núcleo pétreo” de disposiciones constitucionales que quedarán fuera del tratamiento de la reforma en la futura Convención Constituyente, las normas sobre juicio político. Pareciera que se avanza en el camino contrario a la desconcentración del poder, porque un aspecto no menor es la de adecuar un ejercicio efectivo del control político del Poder legislativo sobre los funcionarios sujetos a juicio político, lo que en la actualidad se ha transformado, por las razones ya apuntadas en un mecanismo inviable.
Respecto del Jurado de Enjuiciamiento la reforma debería dar coherencia a la aplicación del principio del control legislativo sobre los otros poderes del estado, en el caso por mal desempeño, o delitos o faltas atribuidos a los funcionarios judiciales letrados no sujetos a juicio político.
Para ello debería modificarse la disposición del artículo 169, de manera que la integración del Jurado de Enjuiciamiento sea sólo con miembros designados por la H. Legislatura, y por abogados de la matrícula elegidos por sus pares. Debiera extenderse el término de las funciones de manera que coincida con la periódica renovación de la Legislatura, es decir cada cuatro años.
Avance hacia una democracia participativa. Consejo Económico y Social y otros organismos de consulta. Referéndum y Consulta Popular.
La experiencia de la Multisecotorial fue un embrionario esfuerzo por acercar la sociedad civil y a la política
Nuestro andamiaje institucional se basa en los principios de la democracia representativa. El pueblo soberano, impedido por su número de gobernar directamente, ejerce su soberanía por representación. El representante, una vez electo se convierte en representante de la Nación (o de la Provincia en nuestro caso). El Gobernador es “Gobernador de todos los entrerrianos”; los Diputados, “del pueblo de la Provincia en su conjunto” y los Senadores de cada uno de los Departamentos.
Pero la sociedad se ha transformado profundamente desde los orígenes del liberalismo político que dio forma a la democracia representativa.
Durante el siglo XX acontecimientos y procesos transformaron hondamente los presupuestos sociales sobre los que debía funcionar el Estado liberal democrático. El crecimiento de la economía llevó a la profundización de la división social del trabajo, y paralelamente, respondiendo a los nuevos intereses generados, creció el asociacionismo en todos los niveles.
Nuestra sociedad contemporánea es una sociedad pluralista. En el seno de la sociedad civil, cuya trama es cada vez más compleja, se fueron diferenciando grupos y sectores de intereses, que para defender lo suyo se nuclearon en sindicatos, asociaciones empresarias, del deporte, de la cultura, colegios de profesionales, etc.
Esta realidad plural que muestra la sociedad civil contemporánea no es cabalmente representada por la concepción institucional del Estado democrático que nos rige, que responde al modelo antiguo de una sociedad sencilla a la que se daba respuesta con el Estado fundado en la soberanía popular y en la acción de sus representantes elegidos periódicamente.
En la actualidad, la participación de las organizaciones y grupos de intereses de la sociedad civil en las decisiones estatales, aparece no sólo como un hecho, sino que es parte de un mecanismo necesario –que debiera transparentarse- para el funcionamiento de la sociedad y del Estado.
Como la acción del Estado se ha tornado decisiva para los intereses que se desenvuelven en la sociedad, es natural que éstos traten de influir permanentemente en los lugares en que se toman las decisiones políticas que los involucran. Se impone pues la necesidad de articular Estado y sociedad para dar un canal institucional a la acción de los intereses corporativos.
Este objetivo es posible de ser alcanzado sin cambiar la naturaleza de nuestro Estado democrático representativo y puede lograrse mediante la creación de organismos de carácter consultivo, tal como los llamados Consejos Económicos y Sociales, aparecidos en el constitucionalismo contemporáneo, que dan cabida a la participación de los cuerpos intermedios.
Resulta aconsejable institucionalizar en nuestra Constitución a un Consejo Económico y Social que integre a representantes de las organizaciones intermedias para que éstas puedan participar opinando y asesorando acerca de decisiones gubernamentales relacionadas con los intereses que representan.
La disposición legal podría ser extendida a Consejos Asesores en diversas ramas de la administración, de manera que las decisiones pudieran dictarse previa participación y opinión de de los sectores interesados.
Todo ello traería consigo canalizar adecuadamente la participación de los sectores sociales y económicos integrantes de la sociedad civil en la adopción de las decisiones oficiales que les atañen de manera directa.
Sumando a la participación, en el mismo sentido deberían incorporarse los mecanismos de iniciativa popular para la sanción de las leyes y de consulta o referéndum.
Autonomía Municipal
Al concepto de participación no le es ajeno el de descentralización, toda vez que cuando se acerca la administración al administrado es posible su mejor control y recepción de reclamos u observaciones. En esta materia es necesario vigorizar la gestión municipal estableciendo la autonomía de los municipios y la transferencia de funciones provinciales. Puede ser funcional a ello la definición de jurisdicciones municipales colindantes.
Sistema de representación proporcional puro en la Cámara de Diputados.
El argumento de la “gobernabilidad”, de facilitar un gobierno “fuerte y ágil”que da fundamento a la disposición del art. 51, la que otorga al partido mayoritario mayoría absoluta de la representación en la Cámara de Diputados, pese a no alcanzar el 50% más uno de los sufragios emitidos- suma a la concentración de poder.
Contando con la mayoría absoluta de Diputados el partido que haya ganado las elecciones, es usual que estos legisladores respalden con su voto unánime a las iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que otorga a éste un inmenso poder.
La representación proporcional pura permite la genuina expresión de las manifestaciones del electorado, a la vez que tiende a promover el diálogo entre las diversas expresiones parlamentarias y de éstas con el Poder Ejecutivo, que en ausencia de una mayoría automática, debe buscar consenso para la formación de mayoría legislativa, necesaria para la votación de las leyes.
El sistema proporcional puro condice con el rumbo de democratizar el poder, que a nuestro juicio debe ser el eje rector de la reforma constitucional.
Santiago C. Reggiardo
Diputado Provincial (M.C.)
En lo medular, significó un avance institucional la incorporación a los derechos y garantías reconocidos en el texto de 1853 la defensa del orden constitucional y los derechos políticos, a un medio ambiente sano, a la protección de los consumidores y usuarios.
Nuestra Constitución Provincial fue avanzada en su tiempo. Aún hoy, cláusulas como las de la Sección II Régimen Económico y del trabajo, con cláusulas protectorias del trabajador y que definen una activa participación del Estado alentando nuestra economía son de renovada actualidad
Escapa al cometido de estas líneas formular un comentario de la actual norma fundamental entrerriana. Sí interesa destacar, por lo que a continuación se expresa, que en Entre Ríos rigen de manera inexcusable, tanto las disposiciones de la Constitución Nacional como las de nuestra Constitución provincial.
Ello significa que los derechos y garantías de los entrerrianos encuentran sustento en ambos órdenes normativos. Lo que no está explícitamente establecido en nuestra Constitución, lo está en la Nacional, en especial lo relativo a los nuevos derechos establecidos por la reforma de 1994.
Lo antedicho habilita para dejar de lado algunas opiniones que se han manifestado estos días y que sostienen que debemos “modernizar” nuestra Constitución y “adecuarla” a la Constitución Nacional, en especial con relación a los nuevos derechos y garantías. Nada obsta a la vigencia de nuestros derechos, en especial de los nuevos derechos ambientales y del consumidor (por ejemplo el interés público en la preservación del balneario “Los Arenales”, o del nuevo parque de Paraná) si algo no está contemplado en nuestra Constitución entrerriana. Sólo basta acudir a las normas de la Constitución Nacional, que obviamente rigen en nuestro suelo, para invocar su protección.
Desde ya que en el marco de una reforma de la Constitución Provincial sería prolijo coordinar sus contenidos normativos en materia de derechos y garantías con los de la Constitución Nacional, pero ello no pasaría de ser un ejercicio de prolijidad, aprovechable y justificable en tales circunstancias. Más no es motivo suficiente para la reforma.
Es de destacar que mas allá del reconocimiento de derechos y garantías a los habitantes, la Constitución regula las relaciones del poder institucionalizado (facultades y competencias de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; de órganos y funcionarios de la Constitución, entre otros el Tribunal de Cuentas, Consejo General de Educación, Fiscalía de Estado y de los Municipios.).
En este aspecto, toda constitución resuelve la cuestión del ejercicio del poder público. Conforme a la tradición republicana, se incorporan mecanismos de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, la llamada “independencia” de los tres poderes, que en puridad no existe cabalmente, aunque suma a la convivencia democrática que las normas constitucionales la preserven en la mayor medida posible.
La experiencia histórica demuestra que el avance de las sociedades hacia mayor equidad y justicia va de la mano con el ejercicio de los derechos y la desconcentración del poder del Estado, a mayor participación y control sobre las decisiones políticas y la actuación de una Justicia independiente.
La reforma constitucional, para resultar trascendente, debería definir canales institucionales que faciliten esos objetivos.
¿Que merece ser reformado a la luz de la experiencia histórica de estos últimos 30 años?
En este sentido nos permitimos señalar algunas materias sin pretender agotar el tema, pero que resultaría auspicioso sean tratadas por la futura convención constituyente.
Límites constitucionales a la discrecionalidad en el manejo de partidas presupuestarias.
La autorización que de rigor se formula en la Ley de Presupuesto habilita al Poder Ejecutivo para efectuar “transferencias compensatorias” entre partidas. Esas economías, denominadas “presupuesto no ejecutado” se trasladan a otras cuentas. Así sucede con las englobadas en la partida denominada “Transferencias”, que habilita el pago de subsidios, viáticos y publicidad. Las economías en la ejecución presupuestaria de partidas importantes para la comunidad como las de obra pública, son aplicadas a esa cuenta, lo que abre la puerta al derroche, al clientelismo político y a beneficios de amigos del poder.
La reforma tendría que imponer un tope porcentual a las “transferencias compensatorias” entre partidas presupuestarias, de manera de no alterar sustancialmente el monto de cada una previsto por la H. Legislatura. Debiera ceñirse más al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la Ley de Presupuesto, acotándose su margen de discrecionalidad en la ejecución presupuestaria.
A los mismos fines la norma constitucional tendría que señalar la obligación del Poder Ejecutivo de dar cuenta a la H. Legislatura del Presupuesto Ejecutado con una periodicidad de –tal vez- dos meses. Ello para facilitar a los representantes del pueblo y de los Departamentos de Entre Ríos la apreciación de alguna desviación significativa sobre las metas presupuestarias y obrar en consecuencia. De nada vale que casi al terminar el año fiscal, como es costumbre, los legisladores se enteren de que sus previsiones no fueron cumplidas.
Ampliación de las facultades del Tribunal de Cuentas.
En el camino señalado de sumar al control y desconcentración del poder del Estado, la reforma debería dotar de autarquía financiera al Tribunal de Cuentas. La experiencia indica que el organismo tiene que contar con los fondos necesarios para cumplir con la misión que le incumbe de un modo completo. La necesaria independencia de los poderes y autoridades controlados por el Tribunal de Cuentas indica la necesidad de que éste mantenga una autonomía en la decisión sobre sus propios gastos.
Además, sería apropiado cristalizar en la Constitución no sólo la facultad de análisis de la legalidad de las conductas administrativas en relación al dinero público, sino también las atinentes al juicio administrativo de responsabilidad, que deben serle restituidas, porque este procedimiento permite el aporte de toda la experiencia de un organismo idóneo en una materia compleja como lo son las cuentas públicas y los actos administrativos a ellas vinculados.
Mediante su actuación en el juicio de responsabilidad administrativa el Tribunal de Cuentas puede aportar pruebas que facilitarán la labor ulterior de la Justicia. No olvidemos que una de las trabas que facilitan la impunidad es, a veces, la dificultad que se presenta en la obtención de pruebas en causas de suma complejidad.
Resulta importante que la Constitución recepte los aspectos mencionados, pues la cláusula constitucional pondría a salvo al Tribunal de Cuentas de la eventual decisión de mayorías legislativas accidentales que, como ocurriera con la sanción de la ley N° 8738, pudiera recortar sus facultades, en detrimento del control y transparencia de los actos públicos.
Autorización de Gastos Reservados.
Debe quedar vedada en la Constitución la facultar del Poder Ejecutivo de emitir Decretos que autoricen Gastos Reservados por fuera de su fin específico. Este instituto ha sido desvirtuado en la práctica del ejercicio del poder, pues sólo cabe para atender requerimientos en materia de seguridad, de la cual dependan tareas de inteligencia. No debe aceptarse que el Gobernador pueda autorizar gastos reservados que excedan su finalidad.
Oficina Anticorrupción.
Como sucede con el Tribunal de Cuentas, muchas veces los actos de corrupción administrativa requieren de investigaciones complejas. Por ello la necesidad de contar con un organismo especializado e independiente del poder administrador que tenga la aptitud para producir pruebas que hagan posible la acción de la Justicia, en orden al esclarecimiento de los hechos y condena de los culpables.
La reforma debería definir esta cuestión y poner fin a la aberración legal que hace depender a la actual Oficina Anticorrupción del Fiscal de Estado.
Es de práctica que el Fiscal de Estado cambie con cada nuevo gobierno, por lo que ha pasado a constituirse en un funcionario de confianza del Poder Ejecutivo de turno, que cumple con sus instrucciones u “órdenes”.
Prueba elocuente es el Decreto n° 7560 GOB que en su artículo 1° dispone: “Ordénase a la Señora fiscal de Estado de la Provincia desistir del proceso judicial… (se trata del proceso donde se ventila la demanda de nulidad y reivindicación de la Provincia sobre el balneario público “Los Arenales”).
Se trata de una consuetudinaria tergiversación de la norma del artículo 139 de la Constitución que consagra la inamovilidad del Fiscal de Estado en sus funciones mientras dure su buena conducta y lo faculta para revisar las decisiones del Poder Ejecutivo, de las que puede recurrir ante el Superior Tribunal de Justicia cuando las considere contrarias al interés provincial.
Por lo expuesto mal puede depender la Oficina Anticorrupción del Fiscal de Estado, funcionario de confianza del P.E., frente a eventuales procedimientos de investigación por presuntos actos irregulares o de corrupción que pudieran ser cometidos en la administración pública, de la cual el P.E. es suprema autoridad.
Resulta imprescindible la creación constitucional de una Oficina Anticorrupción como órgano de la Constitución independiente de los poderes del Estado, especializado en la investigación de hechos de corrupción o de irregularidades administrativas cometidas por agentes y funcionarios de la administración pública provincial y de entes descentralizados.
El Auto de procesamiento como causa temporaria de pérdida de idoneidad para el desempeño de cargo público.
So pretexto de mantener la incolumnidad de la presunción constitucional de inocencia que ampara a toda persona frente a la imputación de presunta comisión de un delito, se han mezclado las aguas en perjuicio de la moral republicana.
Según el criterio lamentablemente hoy vigente, el funcionario procesado por un delito que se le atribuye puede seguir rampantemente en su puesto. Se invoca erróneamente en su auxilio al Pacto de San José de Costa Rica, verdadero avance de la conciencia jurídica de los pueblos, incorporado a nuestro orden constitucional por la reforma de 1994.
Pero no se trata de considerar culpable a quién no ha sido declarado tal por la Justicia. La cuestión es otra. Sucede que la confianza en el funcionario sometido a proceso queda transitoriamente afectada. Ello implica una pérdida temporaria de la condición de idoneidad para el desempeño de la función o cargo.
Un ejemplo sencillo del ámbito civil resulta ilustrativo: ¿cómo podrían sentirse los habitantes de un edificio de departamentos si el portero es procesado bajo acusación de haber participado en delito violento contra la integridad física de alguna persona, o en robo o hurto, y pese a ello continúa realizando sus tareas?. Provisionalmente, el acusado ha dejado de ser idóneo para la portería, que requiere de la confianza de los moradores el edificio. En salvaguarda de la seguridad y propiedad de los habitantes resulta de sentido común que dicho portero sea momentáneamente suspendido en su trabajo, hasta que judicialmente se aclare la situación.
Tal lo que acontece con el funcionario o agente bajo proceso. No se descarta su inocencia, pero, momentáneamente, deja de poseer el requisito básico de la idoneidad para el desempeño del cargo, que recuperará cuando sea judicialmente dictado su sobreseimiento o falta de mérito respecto del delito que se le atribuye. No sólo la seguridad de los administrados o compañeros de trabajo está en juego, sino también el valor de la legitimidad de la función pública y de las instituciones.
La reforma debería definir la cuestión mediante una disposición constitucional que establezca al auto de procesamiento como causal de pérdida temporaria de idoneidad para el desempeño de la tarea o función pública.
Jerarquía constitucional para la carrera administrativa.
Un Estado paquidérmico, plagado de clientelismo, de contratos basura, de falta de controles y por todo ello ineficiente, sirve a los fines de un ejercicio abusivo del poder, pero no cabalmente al interés de la comunidad.
Creemos en el rol activo que debe cumplir el Estado como impulsor de la economía y en la distribución equitativa de los ingresos, en el afianzamiento de la Justicia, en la defensa de los derechos del trabajo, en la preservación del medio ambiente y de los consumidores, así como mejor proveer a la Seguridad y la Asistencia Social.
Para esos fines resulta imprescindible el aporte de los trabajadores del Estado, que deben ser jerarquizados mediante un régimen de cursos y de ascensos por mérito determinantes de una carrera administrativa y de ingreso a la administración pública que no dependa del gobernante de turno.
En este sentido es ponderable la reciente sanción de una ley que estructura el régimen de los trabajadores del Estado, pero para dar firme basamento al camino de la reforma del Estado con el objetivo de mejorar sus prestaciones en beneficio de la comunidad, sería apropiado la definición constitucional de principios básicos rectores de la carrera administrativa.
Consejo de la Magistratura.
Debe terminar la posibilidad legal de designación de jueces que a veces son amigos del poder, como sucede con el actual sistema del artículo 63 inciso 2° de la Constitución, tal vez apropiado a la realidad de otra época, cuando no había calado hondo la crisis de valores que nos aqueja.
En su lugar tendría que dotarse de raigambre constitucional a un Consejo de la Magistratura cuya composición, en forma mayoritaria, sea integrada con representantes de entidades e instituciones de la sociedad civil, con especial referencia a la abogacía organizada. Ello alejaría en buena medida la influencia del poder en las designaciones de jueces y magistrados, lo que coadyuvaría al desenvolvimiento de una Justicia independiente.
Juicio Político. Jurado de Enjuiciamiento.
El Juicio político, tal como está regulado en la Constitución es inviable
El procedimiento previsto en la Constitución para la remoción de los funcionarios y magistrados que menciona el art. 97 de la Constitución (Gobernador, Vicegobernador, los Ministros del Poder Ejecutivo y los miembros del Superior Tribunal de Justicia) debe ser reformulado para hacer efectivo el control político de la H. Legislatura sobre su desempeño.
En los hechos, la redacción del artículo 103 eleva a 21 (sobre un total de 28) el número mínimo de Diputados dispuestos a avanzar con el juicio político, es decir tres cuartos del total de integrantes de la Cámara.
Si bien la norma exige una mayoría de dos tercios (19) para admitir la acusación, al requerir quórum de tres cuartos de sus miembros (21 sobre 28) para habilitar la sesión, determina que si no existe el concierto de 21 voluntades para avanzar con el juicio político, nada puede hacerse.
Ello parece excesivo. Nótese que a la vez que la Constitución requiere de la Cámara de Diputados dicho quórum de tres cuartos de sus miembros (21) para resolver sobre la acusación, sólo exige para al Senado (artículo 109) que detenta la trascendente atribución de ser el Tribunal que decidirá la suerte del funcionario sometido a juicio, quórum de dos tercios de sus miembros y simple mayoría de votos para dictar sentencia.
La reforma debería modificar la disposición del artículo 103 de manera de habilitar el procedimiento de juicio político cuando existan al menos dos tercios de los respectivos legisladores de ambas Cámaras dispuestos a llevarlo adelante y que así se exprese en las respectivas votaciones.
Tal concierto de voluntades tendría suficiente entidad para dar fundamento al ejercicio de la H. Legislatura del control político que la Constitución le atribuye sobre los funcionarios de los otros poderes del Estado sujetos a juicio político.
A esta estura ha tomado estado público que se incluiría en el “núcleo pétreo” de disposiciones constitucionales que quedarán fuera del tratamiento de la reforma en la futura Convención Constituyente, las normas sobre juicio político. Pareciera que se avanza en el camino contrario a la desconcentración del poder, porque un aspecto no menor es la de adecuar un ejercicio efectivo del control político del Poder legislativo sobre los funcionarios sujetos a juicio político, lo que en la actualidad se ha transformado, por las razones ya apuntadas en un mecanismo inviable.
Respecto del Jurado de Enjuiciamiento la reforma debería dar coherencia a la aplicación del principio del control legislativo sobre los otros poderes del estado, en el caso por mal desempeño, o delitos o faltas atribuidos a los funcionarios judiciales letrados no sujetos a juicio político.
Para ello debería modificarse la disposición del artículo 169, de manera que la integración del Jurado de Enjuiciamiento sea sólo con miembros designados por la H. Legislatura, y por abogados de la matrícula elegidos por sus pares. Debiera extenderse el término de las funciones de manera que coincida con la periódica renovación de la Legislatura, es decir cada cuatro años.
Avance hacia una democracia participativa. Consejo Económico y Social y otros organismos de consulta. Referéndum y Consulta Popular.
La experiencia de la Multisecotorial fue un embrionario esfuerzo por acercar la sociedad civil y a la política
Nuestro andamiaje institucional se basa en los principios de la democracia representativa. El pueblo soberano, impedido por su número de gobernar directamente, ejerce su soberanía por representación. El representante, una vez electo se convierte en representante de la Nación (o de la Provincia en nuestro caso). El Gobernador es “Gobernador de todos los entrerrianos”; los Diputados, “del pueblo de la Provincia en su conjunto” y los Senadores de cada uno de los Departamentos.
Pero la sociedad se ha transformado profundamente desde los orígenes del liberalismo político que dio forma a la democracia representativa.
Durante el siglo XX acontecimientos y procesos transformaron hondamente los presupuestos sociales sobre los que debía funcionar el Estado liberal democrático. El crecimiento de la economía llevó a la profundización de la división social del trabajo, y paralelamente, respondiendo a los nuevos intereses generados, creció el asociacionismo en todos los niveles.
Nuestra sociedad contemporánea es una sociedad pluralista. En el seno de la sociedad civil, cuya trama es cada vez más compleja, se fueron diferenciando grupos y sectores de intereses, que para defender lo suyo se nuclearon en sindicatos, asociaciones empresarias, del deporte, de la cultura, colegios de profesionales, etc.
Esta realidad plural que muestra la sociedad civil contemporánea no es cabalmente representada por la concepción institucional del Estado democrático que nos rige, que responde al modelo antiguo de una sociedad sencilla a la que se daba respuesta con el Estado fundado en la soberanía popular y en la acción de sus representantes elegidos periódicamente.
En la actualidad, la participación de las organizaciones y grupos de intereses de la sociedad civil en las decisiones estatales, aparece no sólo como un hecho, sino que es parte de un mecanismo necesario –que debiera transparentarse- para el funcionamiento de la sociedad y del Estado.
Como la acción del Estado se ha tornado decisiva para los intereses que se desenvuelven en la sociedad, es natural que éstos traten de influir permanentemente en los lugares en que se toman las decisiones políticas que los involucran. Se impone pues la necesidad de articular Estado y sociedad para dar un canal institucional a la acción de los intereses corporativos.
Este objetivo es posible de ser alcanzado sin cambiar la naturaleza de nuestro Estado democrático representativo y puede lograrse mediante la creación de organismos de carácter consultivo, tal como los llamados Consejos Económicos y Sociales, aparecidos en el constitucionalismo contemporáneo, que dan cabida a la participación de los cuerpos intermedios.
Resulta aconsejable institucionalizar en nuestra Constitución a un Consejo Económico y Social que integre a representantes de las organizaciones intermedias para que éstas puedan participar opinando y asesorando acerca de decisiones gubernamentales relacionadas con los intereses que representan.
La disposición legal podría ser extendida a Consejos Asesores en diversas ramas de la administración, de manera que las decisiones pudieran dictarse previa participación y opinión de de los sectores interesados.
Todo ello traería consigo canalizar adecuadamente la participación de los sectores sociales y económicos integrantes de la sociedad civil en la adopción de las decisiones oficiales que les atañen de manera directa.
Sumando a la participación, en el mismo sentido deberían incorporarse los mecanismos de iniciativa popular para la sanción de las leyes y de consulta o referéndum.
Autonomía Municipal
Al concepto de participación no le es ajeno el de descentralización, toda vez que cuando se acerca la administración al administrado es posible su mejor control y recepción de reclamos u observaciones. En esta materia es necesario vigorizar la gestión municipal estableciendo la autonomía de los municipios y la transferencia de funciones provinciales. Puede ser funcional a ello la definición de jurisdicciones municipales colindantes.
Sistema de representación proporcional puro en la Cámara de Diputados.
El argumento de la “gobernabilidad”, de facilitar un gobierno “fuerte y ágil”que da fundamento a la disposición del art. 51, la que otorga al partido mayoritario mayoría absoluta de la representación en la Cámara de Diputados, pese a no alcanzar el 50% más uno de los sufragios emitidos- suma a la concentración de poder.
Contando con la mayoría absoluta de Diputados el partido que haya ganado las elecciones, es usual que estos legisladores respalden con su voto unánime a las iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que otorga a éste un inmenso poder.
La representación proporcional pura permite la genuina expresión de las manifestaciones del electorado, a la vez que tiende a promover el diálogo entre las diversas expresiones parlamentarias y de éstas con el Poder Ejecutivo, que en ausencia de una mayoría automática, debe buscar consenso para la formación de mayoría legislativa, necesaria para la votación de las leyes.
El sistema proporcional puro condice con el rumbo de democratizar el poder, que a nuestro juicio debe ser el eje rector de la reforma constitucional.
Santiago C. Reggiardo
Diputado Provincial (M.C.)
Plataforma Electoral Partido Socialista/Coalición Cívica/ARI para las elecciones nacionales del 28 de Octubre de 2007.-
Propiciamos las propuestas programáticas que a continuación se enuncian como guía de acción de nuestros legisladores nacionales, para sumar a la Nación, al crecimiento armónico de la Provincia de Entre Ríos y al bienestar de su pueblo.-
POLITICAS SOCIALES UNIVERSALES
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual: el 20% de la población con más ingresos tiene una participación en el PBI del 53,6%, mientras que el 40% más bajo sólo accede al 11,7% de los recursos. En este escenario, la brecha entre el sector más rico y el más pobre, que entre fines de 2001 y el segundo trimestre del 2005 oscilaba entre 25 y 30 puntos, asciende ahora a un techo histórico de 30,8 puntos.
La política social vigente insiste con el modelo focalizado que evidencia un impacto limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a la vez que promueve prácticas clientelares: se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población y ni siquiera garantizan el derecho a la alimentación. Frente a este panorama, las políticas sociales deben tener como eje central una búsqueda real de la igualdad, garantizando a todos los ciudadanos idénticas oportunidades a través de dispositivos sociales universales que abandonen aquellas prácticas nocivas que en definitiva subestiman al pueblo.
El acceso universal a los planes sociales basados en programas de renta básica son una respuesta adecuada a esta problemática porque la política social debe potenciar las posibilidades de los más desfavorecidos, promoviendo un esquema de inclusión basado en un ingreso mínimo independiente de la situación laboral.
Se trata de crear así una red de seguridad que garantice que ningún argentino caiga por debajo del umbral mínimo de ingresos, base desde la cual las personas pueden incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud. Ese ingreso mínimo garantizado, universal constituye el primer paso de aquella red de protección social que comienza cubriendo inicialmente las necesidades básicas y se convierte gradualmente en un derecho al que accede todo argentino por el hecho de su ciudadanía.
EMPLEO Y DERECHOS LABORALES.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular de la lucha contra la exclusión social. Los altos niveles de pobreza e indigencia que evidencia nuestro país están estrechamente ligados a una tasa de desocupación real que asciende 12,8% de la PEA, y a una subocupación del 12%. La subutilización laboral (desocupados más subocupados) representa así el 25% de la fuerza laboral, tendencia que da cuenta de un mercado que reproduce su fuerza laboral en condiciones de deterioro creciente.
Deben impulsarse las políticas de pleno empleo y el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema del empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre aquellas mencionamos:
• Formalización y estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Recomposición de los salarios deteriorados por la devaluación a través de una política de aumentos progresivos remunerativos para todos los asalariados que permita recuperar el deterioro inflacionario.
• Pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas y del descanso semanal, y derogación de las normas flexibilizadotas de los 90, que han destruido el derecho laboral en la Argentina;
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a las organizaciones gremiales independientes, como la CTA.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, que incluya licencias compartidas y servicios de cuidados infantiles para los padres que trabajan.
• Promoción del empleo joven.
ECONOMIA SOCIAL.
La dinámica autoorganizativa de la sociedad es quizás uno de los principales legados de la crisis de 2001 y, en este contexto, debemos desarrollar y difundir el cooperativismo, el mutualismo y las experiencias de autogestión obrera, cuya esencia radica en el trabajo asociado, la gestión compartida y el patrimonio social, como alternativas solidarias y libres frente a las modalidades que propone el modelo de acumulación y la globalización capitalista. En tal sentido proponemos:
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la legislación sobre quiebras y expropiación de bienes para impulsar la continuidad de la fuente de trabajo.
REFORMA TRIBUTARIA.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo con énfasis en los impuestos a las ganancias y al patrimonio, especialmente en los sectores de altos ingresos. Por ello, proponemos:
• Eliminación de las exenciones impositivas a la renta financiera;
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias
• Disminución progresiva de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado.
• Exención del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria;
• Nueva Ley de Coparticipación Federal que elimine las asimetrías existentes en la relación Nación-Provincias recuperando para la Provincia de Entre Ríos las rentas que producen sus fuerzas productivas y que derivan a la Nación para terminar en una escandalosa discrecionalidad en el reparto de los recursos desde el Estado Nacional;
• Régimen de promoción impositiva destinado exclusivamente a las PYMES y derogación de aquellos regímenes de promoción que beneficien a los grandes capitales;
• Decidido combate a la evasión.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
REFORMA PREVISIONAL
Durante décadas de hegemonía neoliberal se intentó liquidar el sistema previsional público, transformando la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Eso produjo una fuerte descapitalización del régimen previsional solidario y la sustancial reducción de la cobertura.
Es necesario una reforma que ponga fin a la estafa perpetrada contra los trabajadores y garantice un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Reestablecimiento de un índice que asegure la movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones.
• Restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993.
• Derogación del régimen de capitalización y sanción de un nuevo régimen de carácter público, solidario, participativo y de amplia cobertura.
• Urgente recomposición de los haberes provisionales y pago inmediato de las deudas.
SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban cerca del 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatista condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron de rentas extraordinarias.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en la propiedad, el manejo, control y regulación de los mismos, garantizando el acceso universal a los servicios esenciales a través de una tarifa social, asegure una mayor participación de los usuarios e impida la apropiación privada de rentas extraordinarias.
En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Reestatización de empresas de servicios públicos bajo la forma de Sociedades del Estado o de participación estatal mayoritaria y con representación de los trabajadores del sector y de los usuarios.
• Nuevas normas de regulación que permitan un mayor control estatal en la explotación de los recursos naturales como el petróleo y el gas.
. Recuperación de la renta petrolera para el Estado Argentino, mediante procesos de anulación de concesiones. Reforma al marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
EDUCACION.
Hoy más que nunca es indispensable dotar de nuevos sentidos utópicos a la educación. Resultan necesarias políticas modernas y transformadoras capaces de adaptarse a contextos caracterizados por profundos cambios sociales, económicos y culturales en los que la información y el conocimiento ocupan un lugar central; pero también, son indispensables claras definiciones ético-políticas que orienten el sentido que debe asumir el desarrollo futuro de nuestra sociedad. No se trata de seguir las tendencias, hay que incidir sobre las mismas para transformarlas.
Es necesario, en este contexto volver a poner a la educación en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesaria una nueva Ley de Educación que defina objetivos ambiciosos, pensando en la formación de una ciudadanía activa y responsable, que defienda los derechos humanos y actúe de manera solidaria con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos.
Esto solo será posible si se establece que:
• Será responsabilidad esencial, imprescriptible e indelegable del Estado nacional y las jurisdicciones la creación, el gobierno, la administración, la supervisión y el sostenimiento financiero de la educación pública en todos los niveles y modalidades;
• La educación será considerada como un bien social, su adquisición será un derecho inalienable de todos los hombres y mujeres, y se asegurará la igualdad de oportunidades y posibilidades para ingresar, permanecer y egresar con logros equivalentes en y desde todos los ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional;
• Todos los niveles y modalidades de la educación pública serán gratuitos;
• La educación pública será laica; estará articulada en torno a valores universales pero respetará la diversidad sociocultural y se centrará en una sólida y actualizada enseñanza científica.
• El Estado estará obligado a garantizar la universalización construyendo un sistema educativo que garantice escuelas y vacantes para todos los niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país, en forma simultánea con la generación de las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer realidad esos principios;
• Ampliación de la cobertura del nivel inicial que asegure universalizar su acceso a todos los niños y niñas.
• El presupuesto consolidado del sistema educativo nacional no será inferior al 6% del Producto Bruto Interno, sin contar las partidas destinadas a Ciencia y Tecnología; se deberá jerarquizar el salario y condiciones de trabajo de los docentes.
Por otro lado, una nueva Ley de Educación Superior deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas a:
• El desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente.
• La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país, mediante la promoción de la innovación tecnológica y la vinculación con el sistema productivo.
• La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando social y éticamente sus acciones.
• La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía.
• El fomento y estímulo del cooperativismo escolar.
• El mantenimiento de la memoria colectiva y el análisis y comprensión del presente.
• La valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones.
• El respeto por los derechos humanos y el combate contra cualquier forma de discriminación, garantizando las condiciones y los medios que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad.
• Los procesos de integración y desarrollo regional.
REFORMA INSTITUCIONAL.
Nuestra democracia, basada en el supuesto de la igualdad formal de todos los/las ciudadanos/as, ha operado sobre una realidad profundamente desigual. De hecho o de derecho nuestra democracia ha excluido a vastos sectores de la sociedad y esta representatividad limitada compromete sistemáticamente su estabilidad y extendido la apatía política y el sentimiento de frustración cívica.
Frente a ello, debemos profundizar la democracia política recuperando la democracia representativa pero ampliando sus fronteras y enriqueciéndola a través de nuevos mecanismos de participación activa. Para ello, promovemos:
• Establecimiento de un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Protagonismo del Estado al servicio de la sociedad, democrático, representativo y altamente participativo, con capacidad de planificación y regulación social, al servicio de los sectores más débiles de la sociedad.
• Reforma del diseño institucional de nuestro sistema político que supere el presidencialismo incorporando los mecanismos del régimen parlamentario capaz de legitimar sistemáticamente la gestión del poder ejecutivo a través del consenso permanente basado en las mayorías parlamentarias.
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Implementación de presupuestos participativos a nivel nacional;
• Prohibición de la delegación de facultades legislativas;
• Control parlamentario efectivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia que elimine toda posibilidad de su aprobación tácita.
• Supresión de los mecanismos de aprobación tácita por el Congreso Nacional de la renegociación de contratos de servicios públicos.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
REFORMA POLITICA.
Supresión de las leyes de lemas y de las reformas políticas que a través de sistemas uninominales, desvirtúan la voluntad popular y alteran la representación de las minorías.
. Rechazo a las reformas legislativas y constitucionales que instauran mecanismos de reelección indefinida del poder ejecutivo.
. Control efectivo y público de los fondos para el financiamiento de las campañas electorales
. Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
JUSTICIA.
No caben dudas de que la sociedad argentina demanda que la aplicación de los principios constitucionales y legales sea algo cotidiano y para ello hay que asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial, aventando cualquier posibilidad de repetición de prácticas manipuladoras.
En tal sentido impulsamos:
• Derogación de la ley que modifica la constitución del Consejo de la Magistratura;
• Corte Suprema de Justicia de la Nación de siete miembros, a fin de garantizar el funcionamiento del cuerpo con independencia y eliminar toda posibilidad de una nueva mayoría automática.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Integración inmediata de las vacantes existentes para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales.
• Implementación de policía judicial.
• Creación de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas por temas como corrupción y delitos financieros, medio ambiente y delitos contra la integridad sexual como violación y trata.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Inmediata desinstitucionalización de los niños internados por causas asistenciales e implementación de medidas familiares alternativas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que respondan a los estándares mínimos que se exigen para el respeto de los derechos humanos.
SEGURIDAD CIUDADANA.
Endurecer penas reforzando el brazo penal del Estado no configura una solución al problema de la inseguridad, lo que ha quedado demostrado empíricamente: pese a que en los últimos años se sancionaron una veintena de leyes que endurecieron las penas a niveles sin precedentes, el espiral delictivo continuó creciendo.
Es que el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios y sectores políticos, y el reforzamiento de la vía preventiva que es fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes. En particular proponemos:
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reforma del régimen carcelario, eliminado la modalidad de “comisarías-cárceles” y promoviendo la construcción de unidades que permitan el mejor logro de la resocialización de los reclusos.
• Plan nacional de desarme ciudadano que ponga freno a la proliferación y mal uso de las armas de fuego
• Apoyo efectivo al Patronato de Liberados para que pueda contribuir a la reinserción de quienes cumplieron sus condenas.
DESARROLLO DE LAS PYMES.
En nuestro país vemos que las políticas destinadas a este sector ocupan una posición subordinada respecto a otros objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación.
De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a este sector decisivo en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo integrado y diversificado. En tal sentido proponemos:
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Apoyar integralmente el acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior;
• Potenciar la articulación horizontal entre PYMES y vertical entre PYMES y grandes empresas en la búsqueda de oportunidades internacionales;
• Financiamiento y fortalecimiento de las Sociedades de Garantías Reciprocas que actúen como garantía adicional al de las empresas;
• Programa de apoyo a la mujer empresaria para el desarrollo de emprendimientos productivos, que apunte a la valorización del aporte de las mujeres y a eliminar prácticas discriminatorias.
SISTEMA FINANCIERO.
No es posible sostener un proceso de expansión económica sin asistencia crediticia. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva, privilegiando a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades productivas inscriptas en el modelo de la economía social y a los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este marco, debe encararse una reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Promover el financiamiento de capital de trabajo para las PYMES a través de instrumentos alternativos como el descuento de facturas.
• Programas especiales de atención financiera y otorgamiento de garantías a empresas quebradas recuperadas por los trabajadores;
• Coordinar con los distintos tipos de entidades el desarrollo de políticas crediticias dirigidas al sector de la economía social;
• Promoción de la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas.;
• Coordinación de actividades con entidades mutuales para potenciar el crédito a micro emprendimientos y personas físicas excluidas de la banca tradicional.
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
SALUD.
La desigualdad persistente en la sociedad argentina se refleja en la situación de la salud, particularmente de la población más pobre y con problemas de empleo. La precariedad laboral contribuye además a la pérdida para miles de personas de su cobertura de obra social y a la consecuente sobrecarga de los establecimientos públicos, con la consiguiente dificultad de acceso a la atención y a los medicamentos.
Sigue siendo inaceptable la magnitud de enfermedad y muerte de madres y niños, el incremento de enfermedades infecciosas, y la inadecuada prevención. La desintegración social y la ausencia de proyectos colectivos potencian el desarrollo de las problemáticas sociales de la salud, como las adicciones, VIH/SIDA, las patologías familiares y de la tercera edad.
Reformas en materia de políticas de salud, que garanticen el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos.
Debe garantizarse el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos. Para ello, proponemos:
• Primer nivel de atención descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz. Adscripción de población a los equipos locales de salud.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud para no llegar al estado de enfermedad.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Centrar la atención en cuestiones de salud pública, tales como la contaminación, los riesgos del trabajo y la vivienda.
• Promover la conciencia y el conocimiento general acerca de la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
IGUALDAD DE GÉNERO.
No hay posibilidad de construir una sociedad justa e igualitaria si no se garantizan los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. La lucha por la concreción de los derechos de las mujeres se enmarca en la construcción de una democracia más justa y solidaria. No basta con proclamar la igualdad y la no discriminación, sino que debe exigirse la aplicación de medidas de acción positiva que se expresen y concreten en derechos individuales y colectivos. En este sentido, promovemos:
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, destinadas a la asistencia de las víctimas de violencia familiar y/o laboral, de violación, abuso sexual y trata, previendo asimismo la creación de fiscalías especializadas.
• Efectivo cumplimiento de los programas de salud reproductiva universales y gratuitos partiendo del reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Consejerías y acceso efectivo a todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía;
.Despenalización del aborto para reducir el número de muertes de mujeres ocasionadas por abortos inseguros, que es hoy la primera causa de muerte materna. Garantizar la realización y atención en el sistema de salud, de los abortos no punibles: cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando corre riesgo la salud física o psíquica de la mujer o cuando no existe posibilidad de vida extrauterina del feto.
• Aplicación efectiva en los hospitales y centros de salud públicos del Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post Aborto del Ministerio de Salud de la Nación.
• Implementación en el más breve plazo posible de la ley de educación sexual integral en todos los niveles.
• Aprobación sin restricciones del Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);
• Promoción de las responsabilidades familiares compartidas equitativamente entre varones y mujeres e incremento de la infraestructura pública para el cuidado infantil.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador y leyes específicas contra la violencia laboral.
• Asignación universal por maternidad incluyendo a quienes trabajan en sus tareas hogareñas y derecho a licencia para toda mujer trabajadora con independencia de su situación laboral.
DERECHOS HUMANOS.
Resulta imprescindible reafirmar un compromiso explicito con el respeto a los derechos humanos, las libertades y las garantías consagradas en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes. En este sentido, promovemos:
• Nulidad de los Indultos que garantizaron la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como lo viene resolviendo en la actualidad la Justicia
• Derogación del Código de Justicia Militar vigente, “justicia de pares” que no respeta los derechos y garantías fundamentales en un Estado Democrático de Derecho;
• Desprocesamiento de activistas y descriminalización de la protesta social.
• Revisión de la legislación que consagre directa o indirectamente tratos discriminatorios en particular, remover todo tipo de discriminación por razón de orientación sexual.
• Promover las políticas de derechos humanos para los inmigrantes, profundizando la aplicación de la ley nacional de migraciones 25.871.
• Implementación de políticas públicas que aseguren asistencia a las víctimas de trata y profundización de las investigaciones y sanciones para erradicar las redes de tráfico y trata de personas que operan entre provincias de nuestro país y a nivel internacional.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido.
NIÑEZ Y JUVENTUD.
Los niños, niñas y jóvenes son quienes soportan el enorme costo social de la crisis. Todavía pese a la recuperación económica y el superávit fiscal, 6 de cada 10 chicos menores de 18 años son pobres es decir, no van a poder alimentarse bien, vivir en una casa, ir a la escuela, estudiar, crecer con salud, jugar , hacer deporte y posiblemente, tengan problemas similares en su familia.
La invisible realidad de nuestros chicos golpea fatalmente: en tres meses han muerto 20 niños por desnutrición en una sola comunidad indígena del norte de nuestro país, sin que nadie se haya enterado.
Con niveles de vida que no tienen nada que envidiar al África, nuestro país además de las profundas inequidades sociales, tiene gravísimas desigualdades regionales. Un niño que nace en el norte tiene 14 veces más probabilidades de morir en sus primeros años que otro nacido en la Ciudad de Buenos Aires.
Reducir estas desigualdades es imperioso y urgente si queremos que todos los chicos tengan las mismas posibilidades de tener acceso a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que tanto declamamos en nuestra Constitución y las leyes. Para ello proponemos:
1. Ingreso básico universal para todo niño/a menor de 18 años.
2. Políticas públicas que estén en consonancia con la Convención de los derechos del niño y la nueva ley nacional de la niñez 26.061 a fin de asegurar el goce de los derechos reconocidos.
3.Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros.
4. Asegurar 12 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
5. Programa nacional de nutrición y salud escolar.
6. No a la baja de la edad de responsabilidad penal y creación de medidas alternativas a la detención en caso de conflicto con la ley penal.
7. Urgente e integral implementación de la ley nacional de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Nº 26.061) que derogó el patronato.
8. Programas de fortalecimiento a las familias para que puedan cumplir con el rol contenedor de sus miembros.
9. Apoyo expreso a la familia sostén único de hogar.
10. Educación sexual y programas específicos sobre maternidad adolescente.
11. Modificación de la legislación vigente para reconocer derechos civiles (mayoría de edad) a los 18 años.
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO.
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica. Nueva Ley de Minería que exija que las inversiones mineras se realicen en el marco del respeto al medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Fomento de las nuevas potencialidades de nuestra biodiversidad.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya para institucionalizar un mecanismo de construcción de consenso con todas las partes interesadas en el caso de la instalación de las plantas de pasta celulósica, que garantice el derecho ciudadano a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable en el área del Río Uruguay.
Asimismo, es necesario tener en cuenta la dimensión del uso y tenencia del suelo en la elaboración de un proyecto político y social de transformación positiva, nuestro país no puede darse el "lujo" de no programar urbanística o territorialmente su desarrollo. Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
Nuestro país no cuenta con un cuerpo normativo orgánico en la materia, que permita anticiparse y guiar las estrategias de desarrollo de la ciudad y el territorio. La ausencia de un proyecto institucionalizado y consensuado respecto del desarrollo y destino de nuestro territorio, ha provocado la falta de previsión en cuanto a la formación de reservas de suelo para la progresiva expansión de los núcleos urbanos; el crecimiento descontrolado del perímetro de las ciudades; la especulación sobre el "recurso" suelo, que malogra toda ordenación urbana. Por ello proponemos con relación al uso del suelo:
• Promover un proyecto social de uso más equitativo del territorio que permita recuperar la dimensión pública de los procesos físicos, entendiendo al suelo como único recurso material insustituible, irreproducible e inincrementable. . .
• Regular el proceso de desarrollo de los territorios provinciales y municipales, teniendo en consideración la dimensión pública de la ordenación y planificación y una nueva concepción que ponga al derecho de propiedad en función social, que privilegie el interés general sobre el particular y que distribuya equitativamente los costos y beneficios del desarrollo urbano.
• Promover a nivel local y provincial instrumentos de urbanismo y planificación física territorial que posibiliten procesos de integración física y social en las ciudades, que permitan el acceso al suelo a los sectores populares.
• Promover una política de gestión urbana que propicie la participación de todos los actores que intervienen en la ciudad, a través de la descentralización.
•Reconocer y regularizar la propiedad comunitaria indígena, garantizando a los pueblos originarios el uso y tenencia de la tierra.
•Implementar medidas que aseguren el manejo racional de la tierra que evite la concentración y extranjerización.
VIVIENDA.
En la Argentina existe un déficit habitacional de 2 millones de viviendas que se incrementa anualmente en alrededor de 120.000; según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sólo en la ciudad de Buenos Aires la población de las villas se triplicó en los últimos 30 años; entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires esta población supera ampliamente los 2.000.000 de habitantes.
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, entre 1991 y 2001, los hogares con situaciones deficitarias en la Argentina disminuyeron el 4%. Esa reducción, sin embargo, no necesariamente indica que haya menos población en las villas de emergencia, ya que las mejoras que registra el censo son hechas en viviendas pertenecientes a dichos asentamientos irregulares.
La concepción errada de la política habitacional que visualiza como solución solamente la vivienda terminada “llave en mano” acrecienta esta situación, persistiendo un sistema fuertemente centralizado y con soluciones únicas para diferentes realidades y demandas, tanto territoriales como socioeconómicas.
Ante esta realidad proponemos:
• Jerarquizar las políticas de tierra, vivienda y hábitat.
• Asegurar una distribución más justa y equitativa de los recursos a nivel de cada localidad.
• Desarrollar un modelo de gestión descentralizado y participativo a nivel local.
• Implementar políticas habitacionales en relación con políticas sociales, poblacionales y territoriales, económicas y a criterios locales de desarrollo urbano.
• Generar transparencia en el manejo de los fondos a través de la co-gestión.
• Generar nuevos espacios de incorporación de las organizaciones sociales, definiendo su rol dentro del sistema de desarrollo del hábitat.
• Fortalecer a los gobiernos locales por ser la jurisdicción de gobierno más cercana a la gente y quien recibe la demanda en forma cotidiana.
• Garantizar el control social sobre las adjudicaciones.
INTEGRACION REGIONAL.
A más de 15 años de la firma del Tratado de Asunción, las dificultades del MERCOSUR son más que evidentes. No sólo no ha logrado trascender la lógica comercial, economicista, con la que fue gestado durante la década del ‘90, sino que incluso ha experimentado fuertes retrocesos en ese nivel.
Frente a ello, debemos avanzar hacia una integración regional entendida no fundamentalmente en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. Resulta entonces imprescindible consolidar el MERCOSUR y los espacios de integración regional como alternativas al modelo asimétrico y de subordinación que inspira al ALCA, privilegiando no sólo las cuestiones económicas, sino también las dimensiones políticas, sociales, culturales y medioambientales de la integración. En tal sentido, proponemos:
• Privilegiar el MERCOSUR y la integración latinoamericana, rechazando el ALCA y los tratados bilaterales que promueven los intereses de los Estados Unidos;
• Impulsar el establecimiento de un Parlamento del MERCOSUR con el voto universal y directo de sus miembros, que respete las minorías, la proporcionalidad y el cupo femenino.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
POLÍTICAS TERRITORIALES Y AMBIENTALES.
· Crear una Justicia ambiental. Sus características fundamentales serán la gratuidad de la acción, el impulso de oficio, la intervención de fiscalías ambientales y peritos especializados a cargo del estado.
· Crear nueva normativa ambiental específica y reformar y ampliar las ya existentes en nuestras leyes de presupuestos mínimos ambientales.
· Establecer regímenes de protección y preservación de la diversidad biológica, cultural y productiva que contribuyan a la reconformación de sociedades sustentables.
· Impulsar una Legislación que desarrolle un equilibrio integrador entre las políticas del estado nacional y la articulación federal del territorio.
· Generar espacios de diálogo y alianzas con actores privados, universidades, institutos, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados en concordancia con la evolución del Derecho en la tendencia a la máxima transparencia informativa que obedece a la noción actual de la titularidad colectiva de los bienes ambientales y la cogestión de su tutela.
· Establecer por Ley áreas protegidas en zonas donde existan recursos estratégicos, a través de restricciones al dominio en función de un interés público.
· Impulsar la protección legal de los sistemas socio ambientales de humedales como los conformados por los ríos Paraná y Uruguay y los acuerdos y tratados bi y multilaterales con los Estados hermanos.
· Profundizar una nueva legislación sobre el desarrollo e investigación pública en energías alternativas, en el marco del Sistema de Ciencia y Tecnología.
· Formular proyectos de leyes de presupuestos mínimos ambientales en las siguientes materias: a) evaluación de impactos ambientales. b) preservación de la diversidad biológica; c) ordenamiento ambiental territorial.
Propiciamos las propuestas programáticas que a continuación se enuncian como guía de acción de nuestros legisladores nacionales, para sumar a la Nación, al crecimiento armónico de la Provincia de Entre Ríos y al bienestar de su pueblo.-
POLITICAS SOCIALES UNIVERSALES
Vivimos en un país con grandes riquezas pero profundamente injusto y desigual: el 20% de la población con más ingresos tiene una participación en el PBI del 53,6%, mientras que el 40% más bajo sólo accede al 11,7% de los recursos. En este escenario, la brecha entre el sector más rico y el más pobre, que entre fines de 2001 y el segundo trimestre del 2005 oscilaba entre 25 y 30 puntos, asciende ahora a un techo histórico de 30,8 puntos.
La política social vigente insiste con el modelo focalizado que evidencia un impacto limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a la vez que promueve prácticas clientelares: se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población y ni siquiera garantizan el derecho a la alimentación. Frente a este panorama, las políticas sociales deben tener como eje central una búsqueda real de la igualdad, garantizando a todos los ciudadanos idénticas oportunidades a través de dispositivos sociales universales que abandonen aquellas prácticas nocivas que en definitiva subestiman al pueblo.
El acceso universal a los planes sociales basados en programas de renta básica son una respuesta adecuada a esta problemática porque la política social debe potenciar las posibilidades de los más desfavorecidos, promoviendo un esquema de inclusión basado en un ingreso mínimo independiente de la situación laboral.
Se trata de crear así una red de seguridad que garantice que ningún argentino caiga por debajo del umbral mínimo de ingresos, base desde la cual las personas pueden incorporarse en mejores condiciones al mercado laboral y acceder a los sistemas educativos y de salud. Ese ingreso mínimo garantizado, universal constituye el primer paso de aquella red de protección social que comienza cubriendo inicialmente las necesidades básicas y se convierte gradualmente en un derecho al que accede todo argentino por el hecho de su ciudadanía.
EMPLEO Y DERECHOS LABORALES.
La inserción a través del trabajo debe seguir siendo la piedra angular de la lucha contra la exclusión social. Los altos niveles de pobreza e indigencia que evidencia nuestro país están estrechamente ligados a una tasa de desocupación real que asciende 12,8% de la PEA, y a una subocupación del 12%. La subutilización laboral (desocupados más subocupados) representa así el 25% de la fuerza laboral, tendencia que da cuenta de un mercado que reproduce su fuerza laboral en condiciones de deterioro creciente.
Deben impulsarse las políticas de pleno empleo y el derecho de todas las personas a un empleo digno, estable y bien remunerado.
Por ello es necesario poner en marcha un conjunto de acciones estatales dirigidas a abordar integralmente el problema del empleo que debe sostenerse fundamentalmente en una distribución más equitativa de la riqueza, en la estabilidad laboral y en la inversión en salarios y en capacitación. Entre aquellas mencionamos:
• Formalización y estabilidad a través de la generación de empleo digno y de calidad.
• Sanción de una ley de franquicia tributaria que promueva la inversión en capacitación y formación laboral de los/las trabajadores/as.
• Recomposición de los salarios deteriorados por la devaluación a través de una política de aumentos progresivos remunerativos para todos los asalariados que permita recuperar el deterioro inflacionario.
• Pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas y del descanso semanal, y derogación de las normas flexibilizadotas de los 90, que han destruido el derecho laboral en la Argentina;
• Democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a las organizaciones gremiales independientes, como la CTA.
• Regularización y contratación efectiva de todo el personal que se desempeña en la administración pública bajo la modalidad de locación de servicios que oculta una relación de empleo en relación de dependencia.
• Programas activos para la promoción de la igualdad entre varones y mujeres en el empleo, que incluya licencias compartidas y servicios de cuidados infantiles para los padres que trabajan.
• Promoción del empleo joven.
ECONOMIA SOCIAL.
La dinámica autoorganizativa de la sociedad es quizás uno de los principales legados de la crisis de 2001 y, en este contexto, debemos desarrollar y difundir el cooperativismo, el mutualismo y las experiencias de autogestión obrera, cuya esencia radica en el trabajo asociado, la gestión compartida y el patrimonio social, como alternativas solidarias y libres frente a las modalidades que propone el modelo de acumulación y la globalización capitalista. En tal sentido proponemos:
• Formación de redes solidarias que promuevan una amplia cooperación entre las entidades de la economía social y las PYMES, con las universidades públicas y organismos estatales de asistencia técnica, a fin de que las mismas puedan acceder al conocimiento y las capacidades productivas.
• Apoyo a los proyectos de recuperación de empresas por parte de los trabajadores a través de la sanción de un régimen de fomento y asistencia técnica y financiera para estos emprendimientos.
• Modificación de la legislación sobre quiebras y expropiación de bienes para impulsar la continuidad de la fuente de trabajo.
REFORMA TRIBUTARIA.
Frente a un sistema tributario caracterizado por una fuerte regresividad en la carga impositiva y por su carácter asimétrico, propiciamos una reforma integral del sistema impositivo con énfasis en los impuestos a las ganancias y al patrimonio, especialmente en los sectores de altos ingresos. Por ello, proponemos:
• Eliminación de las exenciones impositivas a la renta financiera;
• Implementación de un Impuesto a las Grandes Herencias
• Disminución progresiva de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado.
• Exención del IVA para los productos de la canasta básica alimentaria;
• Nueva Ley de Coparticipación Federal que elimine las asimetrías existentes en la relación Nación-Provincias recuperando para la Provincia de Entre Ríos las rentas que producen sus fuerzas productivas y que derivan a la Nación para terminar en una escandalosa discrecionalidad en el reparto de los recursos desde el Estado Nacional;
• Régimen de promoción impositiva destinado exclusivamente a las PYMES y derogación de aquellos regímenes de promoción que beneficien a los grandes capitales;
• Decidido combate a la evasión.
• Limitación a la repatriación de ganancias de las empresas privatizadas y a las ganancias extraordinarias.
REFORMA PREVISIONAL
Durante décadas de hegemonía neoliberal se intentó liquidar el sistema previsional público, transformando la previsión social en un negocio privado de especulación financiera y ganancias extraordinarias. Eso produjo una fuerte descapitalización del régimen previsional solidario y la sustancial reducción de la cobertura.
Es necesario una reforma que ponga fin a la estafa perpetrada contra los trabajadores y garantice un sistema de seguridad social integral, justo y solidario. En tal sentido, proponemos:
• Reestablecimiento de un índice que asegure la movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones.
• Restitución de las contribuciones patronales a los niveles vigentes en 1993.
• Derogación del régimen de capitalización y sanción de un nuevo régimen de carácter público, solidario, participativo y de amplia cobertura.
• Urgente recomposición de los haberes provisionales y pago inmediato de las deudas.
SERVICIOS PUBLICOS.
En poco más de cuatro años Argentina privatizó casi la totalidad de las empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios que en su conjunto generaban cerca del 8% del PBI total y alrededor del 20% de la inversión global del país. Sin marcos regulatorios claros y bien diseñados que permitieran el desarrollo de una política regulatoria eficaz, el modelo privatista condujo a la desprotección de los usuarios mientras las empresas concesionarias disfrutaron de rentas extraordinarias.
Frente a ello resultan necesarias nuevas políticas en relación a los servicios públicos privatizados que permitan un papel activo del Estado en la propiedad, el manejo, control y regulación de los mismos, garantizando el acceso universal a los servicios esenciales a través de una tarifa social, asegure una mayor participación de los usuarios e impida la apropiación privada de rentas extraordinarias.
En tal sentido proponemos:
• Nuevo Marco Regulatorio General de los Servicios Públicos que garantice el acceso universal a los servicios esenciales a través de la vigencia de una tarifa social, que permita una mayor participación de los usuarios, y que impida la apropiación de rentas extraordinarias por parte de empresas multinacionales;
• Reestatización de empresas de servicios públicos bajo la forma de Sociedades del Estado o de participación estatal mayoritaria y con representación de los trabajadores del sector y de los usuarios.
• Nuevas normas de regulación que permitan un mayor control estatal en la explotación de los recursos naturales como el petróleo y el gas.
. Recuperación de la renta petrolera para el Estado Argentino, mediante procesos de anulación de concesiones. Reforma al marco legislativo sancionado en la década de los 90 que posibilita la remisión de utilidades sin límites y la explotación irracional de los recursos no renovables para su exportación.
EDUCACION.
Hoy más que nunca es indispensable dotar de nuevos sentidos utópicos a la educación. Resultan necesarias políticas modernas y transformadoras capaces de adaptarse a contextos caracterizados por profundos cambios sociales, económicos y culturales en los que la información y el conocimiento ocupan un lugar central; pero también, son indispensables claras definiciones ético-políticas que orienten el sentido que debe asumir el desarrollo futuro de nuestra sociedad. No se trata de seguir las tendencias, hay que incidir sobre las mismas para transformarlas.
Es necesario, en este contexto volver a poner a la educación en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad. Para ello es necesaria una nueva Ley de Educación que defina objetivos ambiciosos, pensando en la formación de una ciudadanía activa y responsable, que defienda los derechos humanos y actúe de manera solidaria con la vista puesta en la construcción de un presente y un futuro mejor para todos.
Esto solo será posible si se establece que:
• Será responsabilidad esencial, imprescriptible e indelegable del Estado nacional y las jurisdicciones la creación, el gobierno, la administración, la supervisión y el sostenimiento financiero de la educación pública en todos los niveles y modalidades;
• La educación será considerada como un bien social, su adquisición será un derecho inalienable de todos los hombres y mujeres, y se asegurará la igualdad de oportunidades y posibilidades para ingresar, permanecer y egresar con logros equivalentes en y desde todos los ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional;
• Todos los niveles y modalidades de la educación pública serán gratuitos;
• La educación pública será laica; estará articulada en torno a valores universales pero respetará la diversidad sociocultural y se centrará en una sólida y actualizada enseñanza científica.
• El Estado estará obligado a garantizar la universalización construyendo un sistema educativo que garantice escuelas y vacantes para todos los niños, adolescentes y jóvenes que habitan nuestro país, en forma simultánea con la generación de las condiciones sociales y económicas necesarias para hacer realidad esos principios;
• Ampliación de la cobertura del nivel inicial que asegure universalizar su acceso a todos los niños y niñas.
• El presupuesto consolidado del sistema educativo nacional no será inferior al 6% del Producto Bruto Interno, sin contar las partidas destinadas a Ciencia y Tecnología; se deberá jerarquizar el salario y condiciones de trabajo de los docentes.
Por otro lado, una nueva Ley de Educación Superior deberá establecer que las Universidades nacionales serán autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y estarán orientadas a:
• El desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente.
• La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del país, mediante la promoción de la innovación tecnológica y la vinculación con el sistema productivo.
• La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando social y éticamente sus acciones.
• La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía.
• El fomento y estímulo del cooperativismo escolar.
• El mantenimiento de la memoria colectiva y el análisis y comprensión del presente.
• La valoración del patrimonio cultural en sus diversas expresiones.
• El respeto por los derechos humanos y el combate contra cualquier forma de discriminación, garantizando las condiciones y los medios que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad.
• Los procesos de integración y desarrollo regional.
REFORMA INSTITUCIONAL.
Nuestra democracia, basada en el supuesto de la igualdad formal de todos los/las ciudadanos/as, ha operado sobre una realidad profundamente desigual. De hecho o de derecho nuestra democracia ha excluido a vastos sectores de la sociedad y esta representatividad limitada compromete sistemáticamente su estabilidad y extendido la apatía política y el sentimiento de frustración cívica.
Frente a ello, debemos profundizar la democracia política recuperando la democracia representativa pero ampliando sus fronteras y enriqueciéndola a través de nuevos mecanismos de participación activa. Para ello, promovemos:
• Establecimiento de un Consejo Económico y Social como mecanismo institucional de diálogo y concertación social que permita a todos los sectores que representan en su pluralidad la rica realidad social debatir colectivamente un nuevo proyecto de país.
• Protagonismo del Estado al servicio de la sociedad, democrático, representativo y altamente participativo, con capacidad de planificación y regulación social, al servicio de los sectores más débiles de la sociedad.
• Reforma del diseño institucional de nuestro sistema político que supere el presidencialismo incorporando los mecanismos del régimen parlamentario capaz de legitimar sistemáticamente la gestión del poder ejecutivo a través del consenso permanente basado en las mayorías parlamentarias.
• Ley de acceso a la información que asegure la transparencia de los actos de gobierno.
• Implementación de presupuestos participativos a nivel nacional;
• Prohibición de la delegación de facultades legislativas;
• Control parlamentario efectivo de los Decretos de Necesidad y Urgencia que elimine toda posibilidad de su aprobación tácita.
• Supresión de los mecanismos de aprobación tácita por el Congreso Nacional de la renegociación de contratos de servicios públicos.
• Refuerzo de los mecanismos de control y lucha contra la corrupción a todo nivel.
REFORMA POLITICA.
Supresión de las leyes de lemas y de las reformas políticas que a través de sistemas uninominales, desvirtúan la voluntad popular y alteran la representación de las minorías.
. Rechazo a las reformas legislativas y constitucionales que instauran mecanismos de reelección indefinida del poder ejecutivo.
. Control efectivo y público de los fondos para el financiamiento de las campañas electorales
. Regulación, restricción y transparencia en el manejo de los fondos públicos utilizados para propaganda oficial.
JUSTICIA.
No caben dudas de que la sociedad argentina demanda que la aplicación de los principios constitucionales y legales sea algo cotidiano y para ello hay que asegurar la independencia y estabilidad del Poder Judicial, aventando cualquier posibilidad de repetición de prácticas manipuladoras.
En tal sentido impulsamos:
• Derogación de la ley que modifica la constitución del Consejo de la Magistratura;
• Corte Suprema de Justicia de la Nación de siete miembros, a fin de garantizar el funcionamiento del cuerpo con independencia y eliminar toda posibilidad de una nueva mayoría automática.
• Mecanismos de control social sobre el Poder Judicial y acceso universal al sistema de justicia.
• Integración inmediata de las vacantes existentes para asegurar el funcionamiento efectivo del sistema de justicia.
• Creación de juzgados vecinales.
• Implementación de policía judicial.
• Creación de fiscalías barriales descentralizadas y especializadas por temas como corrupción y delitos financieros, medio ambiente y delitos contra la integridad sexual como violación y trata.
• Reforma de los regímenes procesales penales y creación de los juzgados penales necesarios para cumplimentar en tiempo y forma con el juzgamiento de las personas procesadas.
• Inmediata desinstitucionalización de los niños internados por causas asistenciales e implementación de medidas familiares alternativas.
• Reforma del sistema penitenciario e institutos carcelarios que respondan a los estándares mínimos que se exigen para el respeto de los derechos humanos.
SEGURIDAD CIUDADANA.
Endurecer penas reforzando el brazo penal del Estado no configura una solución al problema de la inseguridad, lo que ha quedado demostrado empíricamente: pese a que en los últimos años se sancionaron una veintena de leyes que endurecieron las penas a niveles sin precedentes, el espiral delictivo continuó creciendo.
Es que el eje sustancial de una política contra la inseguridad y el delito debe pasar por el mejoramiento de las condiciones sociales, el combate a la impunidad y la connivencia mafiosa entre sectores policiales y penitenciarios y sectores políticos, y el reforzamiento de la vía preventiva que es fundamentalmente, la vía de la inclusión social en especial para los jóvenes. En particular proponemos:
• Establecimiento de medidas preventivas como primer paso para combatir el delito, a través de programas de atención a sectores vulnerables y la jerarquización de las instituciones que contribuyan a la formación y contención de la juventud.
• Reformas policiales que permitan una amplia participación y control de la comunidad en la seguridad.
• Reforma del régimen carcelario, eliminado la modalidad de “comisarías-cárceles” y promoviendo la construcción de unidades que permitan el mejor logro de la resocialización de los reclusos.
• Plan nacional de desarme ciudadano que ponga freno a la proliferación y mal uso de las armas de fuego
• Apoyo efectivo al Patronato de Liberados para que pueda contribuir a la reinserción de quienes cumplieron sus condenas.
DESARROLLO DE LAS PYMES.
En nuestro país vemos que las políticas destinadas a este sector ocupan una posición subordinada respecto a otros objetivos de la política macroeconómica y de competitividad. La importancia que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) revisten para el desarrollo productivo y el bienestar de la población hace necesario que el Estado promueva su desarrollo y consolidación.
De esta forma, resulta imprescindible implementar una política de apoyo y promoción a este sector decisivo en el proceso de democratización de la economía y desarrollo de un modelo productivo integrado y diversificado. En tal sentido proponemos:
• Creación de un Sistema Integral para el Desarrollo y Promoción de PYMES, que debe estar compuesto por representantes del sector público, del sector privado y de las universidades nacionales, y que tendrá a su cargo la elaboración de un Plan Estratégico General y por Regiones de desarrollo y sostenimiento de PYMES;
• Apoyar integralmente el acceso al conocimiento a través de programas de capacitación sobre gestión industrial y comercial, normas de calidad y comercio exterior;
• Potenciar la articulación horizontal entre PYMES y vertical entre PYMES y grandes empresas en la búsqueda de oportunidades internacionales;
• Financiamiento y fortalecimiento de las Sociedades de Garantías Reciprocas que actúen como garantía adicional al de las empresas;
• Programa de apoyo a la mujer empresaria para el desarrollo de emprendimientos productivos, que apunte a la valorización del aporte de las mujeres y a eliminar prácticas discriminatorias.
SISTEMA FINANCIERO.
No es posible sostener un proceso de expansión económica sin asistencia crediticia. En este sentido, el sistema bancario y financiero debe brindar apoyo y asistencia a la actividad productiva, privilegiando a las pequeñas y medianas empresas, a las unidades productivas inscriptas en el modelo de la economía social y a los sectores productivos más postergados del interior, quienes tienen un acceso muy limitado al crédito y a tasas prohibitivas.
En este marco, debe encararse una reforma del sistema financiero que permita recuperar el crédito para el sector productivo, que estimule una banca pública, de desarrollo y fomento, y el fomento de la banca cooperativa. Para ello promovemos:
• Fortalecimiento de la banca pública, y promoción de créditos a PYMES, jóvenes emprendedores, entidades de la economía social, entre otros sectores que tienen acceso limitado a fuentes de financiamiento.
• Sanción de una nueva ley de entidades financieras que reconozca el carácter de servicio público de la actividad financiera y su importancia crucial para el desarrollo económico y social equitativo.
• Promover el financiamiento de capital de trabajo para las PYMES a través de instrumentos alternativos como el descuento de facturas.
• Programas especiales de atención financiera y otorgamiento de garantías a empresas quebradas recuperadas por los trabajadores;
• Coordinar con los distintos tipos de entidades el desarrollo de políticas crediticias dirigidas al sector de la economía social;
• Promoción de la banca cooperativa y mutual. Fomento y estímulo a las Cajas de Crédito Cooperativas.;
• Coordinación de actividades con entidades mutuales para potenciar el crédito a micro emprendimientos y personas físicas excluidas de la banca tradicional.
• Créditos blandos con sentido social, que posibiliten la compra de la vivienda familiar y el apoyo a los deudores hipotecarios para evitar el remate de la vivienda familiar única.
SALUD.
La desigualdad persistente en la sociedad argentina se refleja en la situación de la salud, particularmente de la población más pobre y con problemas de empleo. La precariedad laboral contribuye además a la pérdida para miles de personas de su cobertura de obra social y a la consecuente sobrecarga de los establecimientos públicos, con la consiguiente dificultad de acceso a la atención y a los medicamentos.
Sigue siendo inaceptable la magnitud de enfermedad y muerte de madres y niños, el incremento de enfermedades infecciosas, y la inadecuada prevención. La desintegración social y la ausencia de proyectos colectivos potencian el desarrollo de las problemáticas sociales de la salud, como las adicciones, VIH/SIDA, las patologías familiares y de la tercera edad.
Reformas en materia de políticas de salud, que garanticen el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos.
Debe garantizarse el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos. Para ello, proponemos:
• Primer nivel de atención descentralizada a los municipios con competencias y recursos adecuados para su funcionamiento eficaz. Adscripción de población a los equipos locales de salud.
• Favorecer la estrategia de prevención y promoción de la salud para no llegar al estado de enfermedad.
• Construcción de ciudadanía en salud que contemple una cobertura universal;
• Sistema federal de salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
• Centrar la atención en cuestiones de salud pública, tales como la contaminación, los riesgos del trabajo y la vivienda.
• Promover la conciencia y el conocimiento general acerca de la influencia del régimen alimentario y de la actividad física en la salud.
• Reforzamiento de las competencias e instrumentos del Estado nacional para desempeñar un rol activo en la regulación, producción e importación de medicamentos así como en el control de su calidad y efectividad.
IGUALDAD DE GÉNERO.
No hay posibilidad de construir una sociedad justa e igualitaria si no se garantizan los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. La lucha por la concreción de los derechos de las mujeres se enmarca en la construcción de una democracia más justa y solidaria. No basta con proclamar la igualdad y la no discriminación, sino que debe exigirse la aplicación de medidas de acción positiva que se expresen y concreten en derechos individuales y colectivos. En este sentido, promovemos:
• Paridad, es decir, participación igualitaria de varones y mujeres en todos los ámbitos de decisión como condición imprescindible para el logro de la plena ciudadanía;
• Implementación de políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, destinadas a la asistencia de las víctimas de violencia familiar y/o laboral, de violación, abuso sexual y trata, previendo asimismo la creación de fiscalías especializadas.
• Efectivo cumplimiento de los programas de salud reproductiva universales y gratuitos partiendo del reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. Consejerías y acceso efectivo a todos los métodos anticonceptivos, ligadura de trompas y vasectomía;
.Despenalización del aborto para reducir el número de muertes de mujeres ocasionadas por abortos inseguros, que es hoy la primera causa de muerte materna. Garantizar la realización y atención en el sistema de salud, de los abortos no punibles: cuando el embarazo es consecuencia de una violación, cuando corre riesgo la salud física o psíquica de la mujer o cuando no existe posibilidad de vida extrauterina del feto.
• Aplicación efectiva en los hospitales y centros de salud públicos del Protocolo de Asistencia Humanitaria del Post Aborto del Ministerio de Salud de la Nación.
• Implementación en el más breve plazo posible de la ley de educación sexual integral en todos los niveles.
• Aprobación sin restricciones del Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);
• Promoción de las responsabilidades familiares compartidas equitativamente entre varones y mujeres e incremento de la infraestructura pública para el cuidado infantil.
• Igual salario por trabajo de igual valor; licencias por maternidad compartidas para la madre y padre trabajador y leyes específicas contra la violencia laboral.
• Asignación universal por maternidad incluyendo a quienes trabajan en sus tareas hogareñas y derecho a licencia para toda mujer trabajadora con independencia de su situación laboral.
DERECHOS HUMANOS.
Resulta imprescindible reafirmar un compromiso explicito con el respeto a los derechos humanos, las libertades y las garantías consagradas en los tratados internacionales, la Constitución Nacional y las leyes. En este sentido, promovemos:
• Nulidad de los Indultos que garantizaron la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, como lo viene resolviendo en la actualidad la Justicia
• Derogación del Código de Justicia Militar vigente, “justicia de pares” que no respeta los derechos y garantías fundamentales en un Estado Democrático de Derecho;
• Desprocesamiento de activistas y descriminalización de la protesta social.
• Revisión de la legislación que consagre directa o indirectamente tratos discriminatorios en particular, remover todo tipo de discriminación por razón de orientación sexual.
• Promover las políticas de derechos humanos para los inmigrantes, profundizando la aplicación de la ley nacional de migraciones 25.871.
• Implementación de políticas públicas que aseguren asistencia a las víctimas de trata y profundización de las investigaciones y sanciones para erradicar las redes de tráfico y trata de personas que operan entre provincias de nuestro país y a nivel internacional.
• Reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios, dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales y a los compromisos internacionales que nuestro país ha asumido.
NIÑEZ Y JUVENTUD.
Los niños, niñas y jóvenes son quienes soportan el enorme costo social de la crisis. Todavía pese a la recuperación económica y el superávit fiscal, 6 de cada 10 chicos menores de 18 años son pobres es decir, no van a poder alimentarse bien, vivir en una casa, ir a la escuela, estudiar, crecer con salud, jugar , hacer deporte y posiblemente, tengan problemas similares en su familia.
La invisible realidad de nuestros chicos golpea fatalmente: en tres meses han muerto 20 niños por desnutrición en una sola comunidad indígena del norte de nuestro país, sin que nadie se haya enterado.
Con niveles de vida que no tienen nada que envidiar al África, nuestro país además de las profundas inequidades sociales, tiene gravísimas desigualdades regionales. Un niño que nace en el norte tiene 14 veces más probabilidades de morir en sus primeros años que otro nacido en la Ciudad de Buenos Aires.
Reducir estas desigualdades es imperioso y urgente si queremos que todos los chicos tengan las mismas posibilidades de tener acceso a los derechos humanos, económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que tanto declamamos en nuestra Constitución y las leyes. Para ello proponemos:
1. Ingreso básico universal para todo niño/a menor de 18 años.
2. Políticas públicas que estén en consonancia con la Convención de los derechos del niño y la nueva ley nacional de la niñez 26.061 a fin de asegurar el goce de los derechos reconocidos.
3.Jerarquización de la educación de calidad, el acceso al conocimiento informático, becas y canasta escolar gratuita que incluya los libros.
4. Asegurar 12 años de escolaridad mínima, umbral para tener alguna posibilidad de salir de la pobreza.
5. Programa nacional de nutrición y salud escolar.
6. No a la baja de la edad de responsabilidad penal y creación de medidas alternativas a la detención en caso de conflicto con la ley penal.
7. Urgente e integral implementación de la ley nacional de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Nº 26.061) que derogó el patronato.
8. Programas de fortalecimiento a las familias para que puedan cumplir con el rol contenedor de sus miembros.
9. Apoyo expreso a la familia sostén único de hogar.
10. Educación sexual y programas específicos sobre maternidad adolescente.
11. Modificación de la legislación vigente para reconocer derechos civiles (mayoría de edad) a los 18 años.
MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE y USO DEL SUELO.
La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana, sino una resultante del modelo de desarrollo vigente. Frente a ello, debe reafirmarse el carácter prioritario de la preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras en el marco de un desarrollo equitativo y sustentable.
En tal sentido, promovemos una política de preservación del medio ambiente que permita un uso racional de nuestros recursos naturales en el marco de un desarrollo sustentable, a través de:
• Prohibición de la deforestación indiscriminada que tiene lugar en distintos puntos del país y elaboración de un plan nacional sustentable de explotación forestal;
• Legislación que contribuya a revertir los procesos de degradación de los recursos y sancione las prácticas que atenten contra la sustentabilidad ecológica. Nueva Ley de Minería que exija que las inversiones mineras se realicen en el marco del respeto al medio ambiente y las poblaciones lindantes.
• Fomento de las nuevas potencialidades de nuestra biodiversidad.
• Promoción de la planificación ambiental, con participación popular y educación ambiental.
• Comisión Parlamentaria Argentino-Uruguaya para institucionalizar un mecanismo de construcción de consenso con todas las partes interesadas en el caso de la instalación de las plantas de pasta celulósica, que garantice el derecho ciudadano a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable en el área del Río Uruguay.
Asimismo, es necesario tener en cuenta la dimensión del uso y tenencia del suelo en la elaboración de un proyecto político y social de transformación positiva, nuestro país no puede darse el "lujo" de no programar urbanística o territorialmente su desarrollo. Debe darse una respuesta racional y austera contrapuesta al despilfarro que históricamente se ha hecho de nuestros recursos naturales y artificiales, producto de la especulación del sector privado y aún del propio Estado en sus tres niveles.
Nuestro país no cuenta con un cuerpo normativo orgánico en la materia, que permita anticiparse y guiar las estrategias de desarrollo de la ciudad y el territorio. La ausencia de un proyecto institucionalizado y consensuado respecto del desarrollo y destino de nuestro territorio, ha provocado la falta de previsión en cuanto a la formación de reservas de suelo para la progresiva expansión de los núcleos urbanos; el crecimiento descontrolado del perímetro de las ciudades; la especulación sobre el "recurso" suelo, que malogra toda ordenación urbana. Por ello proponemos con relación al uso del suelo:
• Promover un proyecto social de uso más equitativo del territorio que permita recuperar la dimensión pública de los procesos físicos, entendiendo al suelo como único recurso material insustituible, irreproducible e inincrementable. . .
• Regular el proceso de desarrollo de los territorios provinciales y municipales, teniendo en consideración la dimensión pública de la ordenación y planificación y una nueva concepción que ponga al derecho de propiedad en función social, que privilegie el interés general sobre el particular y que distribuya equitativamente los costos y beneficios del desarrollo urbano.
• Promover a nivel local y provincial instrumentos de urbanismo y planificación física territorial que posibiliten procesos de integración física y social en las ciudades, que permitan el acceso al suelo a los sectores populares.
• Promover una política de gestión urbana que propicie la participación de todos los actores que intervienen en la ciudad, a través de la descentralización.
•Reconocer y regularizar la propiedad comunitaria indígena, garantizando a los pueblos originarios el uso y tenencia de la tierra.
•Implementar medidas que aseguren el manejo racional de la tierra que evite la concentración y extranjerización.
VIVIENDA.
En la Argentina existe un déficit habitacional de 2 millones de viviendas que se incrementa anualmente en alrededor de 120.000; según datos de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, sólo en la ciudad de Buenos Aires la población de las villas se triplicó en los últimos 30 años; entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires esta población supera ampliamente los 2.000.000 de habitantes.
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, entre 1991 y 2001, los hogares con situaciones deficitarias en la Argentina disminuyeron el 4%. Esa reducción, sin embargo, no necesariamente indica que haya menos población en las villas de emergencia, ya que las mejoras que registra el censo son hechas en viviendas pertenecientes a dichos asentamientos irregulares.
La concepción errada de la política habitacional que visualiza como solución solamente la vivienda terminada “llave en mano” acrecienta esta situación, persistiendo un sistema fuertemente centralizado y con soluciones únicas para diferentes realidades y demandas, tanto territoriales como socioeconómicas.
Ante esta realidad proponemos:
• Jerarquizar las políticas de tierra, vivienda y hábitat.
• Asegurar una distribución más justa y equitativa de los recursos a nivel de cada localidad.
• Desarrollar un modelo de gestión descentralizado y participativo a nivel local.
• Implementar políticas habitacionales en relación con políticas sociales, poblacionales y territoriales, económicas y a criterios locales de desarrollo urbano.
• Generar transparencia en el manejo de los fondos a través de la co-gestión.
• Generar nuevos espacios de incorporación de las organizaciones sociales, definiendo su rol dentro del sistema de desarrollo del hábitat.
• Fortalecer a los gobiernos locales por ser la jurisdicción de gobierno más cercana a la gente y quien recibe la demanda en forma cotidiana.
• Garantizar el control social sobre las adjudicaciones.
INTEGRACION REGIONAL.
A más de 15 años de la firma del Tratado de Asunción, las dificultades del MERCOSUR son más que evidentes. No sólo no ha logrado trascender la lógica comercial, economicista, con la que fue gestado durante la década del ‘90, sino que incluso ha experimentado fuertes retrocesos en ese nivel.
Frente a ello, debemos avanzar hacia una integración regional entendida no fundamentalmente en términos de mercados sino como un proceso orientado a mejorar las oportunidades de desarrollo de los pueblos sobre la base de la equidad social y con un fuerte compromiso solidario. Resulta entonces imprescindible consolidar el MERCOSUR y los espacios de integración regional como alternativas al modelo asimétrico y de subordinación que inspira al ALCA, privilegiando no sólo las cuestiones económicas, sino también las dimensiones políticas, sociales, culturales y medioambientales de la integración. En tal sentido, proponemos:
• Privilegiar el MERCOSUR y la integración latinoamericana, rechazando el ALCA y los tratados bilaterales que promueven los intereses de los Estados Unidos;
• Impulsar el establecimiento de un Parlamento del MERCOSUR con el voto universal y directo de sus miembros, que respete las minorías, la proporcionalidad y el cupo femenino.
• Denuncia de los Tratados bilaterales de protección de inversiones que contengan en sus disposiciones la renuncia de la soberanía judicial a favor de tribunales extranjeros para entablar demandas contra nuestro país.
POLÍTICAS TERRITORIALES Y AMBIENTALES.
· Crear una Justicia ambiental. Sus características fundamentales serán la gratuidad de la acción, el impulso de oficio, la intervención de fiscalías ambientales y peritos especializados a cargo del estado.
· Crear nueva normativa ambiental específica y reformar y ampliar las ya existentes en nuestras leyes de presupuestos mínimos ambientales.
· Establecer regímenes de protección y preservación de la diversidad biológica, cultural y productiva que contribuyan a la reconformación de sociedades sustentables.
· Impulsar una Legislación que desarrolle un equilibrio integrador entre las políticas del estado nacional y la articulación federal del territorio.
· Generar espacios de diálogo y alianzas con actores privados, universidades, institutos, organizaciones no gubernamentales y otros grupos interesados en concordancia con la evolución del Derecho en la tendencia a la máxima transparencia informativa que obedece a la noción actual de la titularidad colectiva de los bienes ambientales y la cogestión de su tutela.
· Establecer por Ley áreas protegidas en zonas donde existan recursos estratégicos, a través de restricciones al dominio en función de un interés público.
· Impulsar la protección legal de los sistemas socio ambientales de humedales como los conformados por los ríos Paraná y Uruguay y los acuerdos y tratados bi y multilaterales con los Estados hermanos.
· Profundizar una nueva legislación sobre el desarrollo e investigación pública en energías alternativas, en el marco del Sistema de Ciencia y Tecnología.
· Formular proyectos de leyes de presupuestos mínimos ambientales en las siguientes materias: a) evaluación de impactos ambientales. b) preservación de la diversidad biológica; c) ordenamiento ambiental territorial.
Lista de Candidatos de la Coalición Cívica de Entre Rios
DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1 VIALE, Lisandro 17.615.026
2 MORABES, Adriana 10.685.997
3 BRUGO, Daniel 11.671.870
4 SIGNORELLI, Jorge 6.079.601
DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1 CAMPOAMOR, Aldo Jorge 17.487.675
2 LEMOS, Olga Mabel 11.542.067
3 SANZBERRO, María Fernanda 21.538.666
SENADORES NACIONALES TITULARES
1DANERI, Jorge 14.367.109
2 CODINO, Guillermo 6.143.238
3 GRECA, Cecilia 16.795.817
SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1 BUFFA, Francisco Mario 5.073.036
2 CARMINIO, Julio 8.287.435
3 MASSEROLLI, Nélida Beatriz 3.690.669
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES TITULARES
1 REGGIARDO, Santiago 5.941.026
2 DE LA CRUZ de ZABAL, Adriana 11.550.485
3 SCHVARTZMAN, Américo 20.369.604
4 GIANFELICI, Darío 10.629.601
5 DIAZ, Carlos 14.076.294
6 HAIEK, Marcela 13.182.605
7 ZABALA, Gregorio 10.070.557
8 ACHARTA, Emiliano 22.342.644
9 BARGAGNA, María Emma 11.524.898
10 MORABES, Silvia 6.439.912
11 HADDAD, Marcelo 20.243.330
12 GARCILAZO, Alfredo Omar 6.079.601
13 HOJMAN, Rosa 12.668.537
14 OCAMPO, Mirta Elena 18.483.974
15 MARTINEZ VIADEMONTE, Oscar 12.728.124
16 BURNE, Jorge 13.344.744
17 CAFFA, Luis Martín 26.964.787
18 LENCINA, Adriana 16.435.157
19 BEADE, Carlos 11.071.193
20 SMAIL, Jorge 23.539.028
21 MONTAÑO, Silvia 14.305.221
22 BENTANCOR, Eduardo 20.457.457
23 MORINI, Miriam Edith 12.588.634
24 PESCIO, Pablo 20.369.180
25 MONTORFANO, Daniel Edgardo 8.287.408
26 BIANCHI, Pablo Martín 22.925.276
27 YAÑEZ, Margarita 12.313.338
28 TRONCOSO, Estela 6.293.213
29 MEDINA, Carina 25.126.134
30 LONDERO, Mario 7.702.702
31 BARZOLA, Carlos Hugo 12.756.511
32 CONIGLIO, María Elena 17.974.152
33 SIROTA, Gustavo 17.552.049
34 NIZ, Hugo Omar 27.340.632
35 FEYT, Mónica 18.029.265
36 BLANCO, Dario 13.668.152
37 MARTINEZ, Ariel 17.548.062
38 CARBALLO, Ramón A. 13.586.560
39 ACEVEDO, María Luisa 23.263.903
40 ROMERO, Yolanda 5.772.656
41 ORCILLI, Etelvina Noemí 12.871.709
42 REITU, Julio Alberto 12.309.525
43 LUGRIN, Guillermo 23.203.958
44 STABLE, Malvina 14.687.601
45 GARCIA, Norma Haydée 10.373.987
DIPUTADOS NACIONALES TITULARES
1 VIALE, Lisandro 17.615.026
2 MORABES, Adriana 10.685.997
3 BRUGO, Daniel 11.671.870
4 SIGNORELLI, Jorge 6.079.601
DIPUTADOS NACIONALES SUPLENTES
1 CAMPOAMOR, Aldo Jorge 17.487.675
2 LEMOS, Olga Mabel 11.542.067
3 SANZBERRO, María Fernanda 21.538.666
SENADORES NACIONALES TITULARES
1DANERI, Jorge 14.367.109
2 CODINO, Guillermo 6.143.238
3 GRECA, Cecilia 16.795.817
SENADORES NACIONALES SUPLENTES
1 BUFFA, Francisco Mario 5.073.036
2 CARMINIO, Julio 8.287.435
3 MASSEROLLI, Nélida Beatriz 3.690.669
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES TITULARES
1 REGGIARDO, Santiago 5.941.026
2 DE LA CRUZ de ZABAL, Adriana 11.550.485
3 SCHVARTZMAN, Américo 20.369.604
4 GIANFELICI, Darío 10.629.601
5 DIAZ, Carlos 14.076.294
6 HAIEK, Marcela 13.182.605
7 ZABALA, Gregorio 10.070.557
8 ACHARTA, Emiliano 22.342.644
9 BARGAGNA, María Emma 11.524.898
10 MORABES, Silvia 6.439.912
11 HADDAD, Marcelo 20.243.330
12 GARCILAZO, Alfredo Omar 6.079.601
13 HOJMAN, Rosa 12.668.537
14 OCAMPO, Mirta Elena 18.483.974
15 MARTINEZ VIADEMONTE, Oscar 12.728.124
16 BURNE, Jorge 13.344.744
17 CAFFA, Luis Martín 26.964.787
18 LENCINA, Adriana 16.435.157
19 BEADE, Carlos 11.071.193
20 SMAIL, Jorge 23.539.028
21 MONTAÑO, Silvia 14.305.221
22 BENTANCOR, Eduardo 20.457.457
23 MORINI, Miriam Edith 12.588.634
24 PESCIO, Pablo 20.369.180
25 MONTORFANO, Daniel Edgardo 8.287.408
26 BIANCHI, Pablo Martín 22.925.276
27 YAÑEZ, Margarita 12.313.338
28 TRONCOSO, Estela 6.293.213
29 MEDINA, Carina 25.126.134
30 LONDERO, Mario 7.702.702
31 BARZOLA, Carlos Hugo 12.756.511
32 CONIGLIO, María Elena 17.974.152
33 SIROTA, Gustavo 17.552.049
34 NIZ, Hugo Omar 27.340.632
35 FEYT, Mónica 18.029.265
36 BLANCO, Dario 13.668.152
37 MARTINEZ, Ariel 17.548.062
38 CARBALLO, Ramón A. 13.586.560
39 ACEVEDO, María Luisa 23.263.903
40 ROMERO, Yolanda 5.772.656
41 ORCILLI, Etelvina Noemí 12.871.709
42 REITU, Julio Alberto 12.309.525
43 LUGRIN, Guillermo 23.203.958
44 STABLE, Malvina 14.687.601
45 GARCIA, Norma Haydée 10.373.987
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